La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos manifestó en su informe anual que “el Acuerdo de Paz cumple en términos generales con las obligaciones internacionales de Colombia en materia de derechos humanos”.
Bogotá, DC. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) aplaudió hoy el acuerdo de paz alcanzado el año pasado entre el Gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y resaltó su carácter innovador.
La Oficina “felicita al Gobierno de Colombia, a las FARC y a la sociedad colombiana por su determinación de avanzar en el proceso de paz después de medio siglo de conflicto armado interno”, señaló la entidad en el informe anual sobre la situación de derechos humanos en Colombia, en el período comprendido entre el 1° de enero al 31 de diciembre de 2016.
Manifestó que “el Acuerdo de Paz cumple en términos generales con las obligaciones internacionales de Colombia en materia de derechos humanos. Si se implementa de manera diligente, puede orientar al Estado hacia la superación de los desafíos estructurales relacionados con los derechos humanos”.
“El Alto Comisionado acoge con satisfacción el carácter innovador del Acuerdo de Paz, así como la incorporación de las obligaciones del Estado preexistentes en materia de derechos humanos”, sostuvo.
Destacó las tareas que las partes negociadoras le encomendaron a su Oficina en Colombia para apoyar la construcción de paz, que incluyen informar en sus informes anuales sobre la implementación de los aspectos de derechos humanos del acuerdo.
El informe entregado hoy describe la situación de derechos humanos en materia de paz, seguridad, desarrollo y democracia, y destaca los retos que enfrenta Colombia, especialmente en las zonas rurales, en materia de seguridad ciudadana, violencia vinculada a actividades económicas ilegales, ataques en contra de los defensores de derechos humanos, corrupción y desigualdad social.
La OACNUDH recordó que “dado el amplio contenido de derechos humanos en el Acuerdo de Paz, las partes negociadoras solicitaron el apoyo de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para la implementación del acuerdo, en colaboración con otras entidades”.
Precisó que el Acuerdo contiene programas para fomentar el bienestar social, el desarrollo, el estado de derecho y la democracia, y “también establece la creación de un sistema integral de justicia transicional que comprende una comisión de la verdad; una unidad para la búsqueda de personas desparecidas; una jurisdicción especial para la paz (JEP); y reparaciones”.
Destacó que “a lo largo del Acuerdo de Paz se reitera la obligación del Estado de respetar, proteger y garantizar todos los derechos humanos, en particular en las zonas más afectadas por el conflicto armado”.
De acuerdo con la Oficina, “el reconocimiento voluntario de responsabilidad por violaciones de derechos humanos del pasado contribuye a construir confianza en el proceso de paz”.
Recordó que en septiembre “el Presidente de Colombia reconoció la persecución y violencia sistemáticas sufridas anteriormente por el partido político Unión Patriótica, y subrayó la responsabilidad del Estado de asegurar la no repetición”, en tanto que “en 2016, las FARC-EP reconocieron su responsabilidad por: la práctica del secuestro; la masacre en La Chinita, Apartadó, en 1994; la muerte en cautiverio de once diputados del Valle del Cauca en 2009; y el asesinato de un defensor afrocolombiano de derechos humanos en 2015”.
No obstante, advirtió que “sigue vigente el desafío del Estado y las FARC-EP de reconocer plenamente sus responsabilidades por las violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario en el pasado, de tal forma que satisfaga los derechos de las víctimas”.
Consideró igualmente que “la seguridad y el acceso a condiciones dignas de vida para los hombres y mujeres desmovilizados es fundamental para la construcción de paz” y agregó que “el establecimiento oportuno y funcionamiento efectivo de los mecanismos de seguridad y protección para ellos, y la creación de empleos que contribuyan a la infraestructura social, pueden fortalecer el proceso de reintegración”.
Para la OACNUDH, la implementación del Acuerdo de Paz requiere la contratación de numeroso personal que debe incluir miembros de las comunidades afectadas por el conflicto.
Por otro lado, la dependencia señaló que “la implementación del Acuerdo de Paz requiere una inversión significativa de recursos. La inversión debe planearse y hacerse con un enfoque de derechos y buscar resultados sostenibles para las comunidades”.
Además, anotó que “en 2016, la situación de los defensores de derechos humanos siguió siendo motivo de preocupación”.
La Oficina reconoció “los esfuerzos de la Unidad Nacional de Protección por responder a las numerosas y variadas necesidades de protección en el territorio colombiano”.
Destacó que “el proceso de restitución de tierras que inició en 2011 ofrece importantes experiencias y lecciones para el proceso de paz”, al tiempo que sugirió una evaluación de los éxitos y dificultades, ya que “podría servir para orientar la acción del Estado”.
Por último, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos instó “al Gobierno y al ELN a avanzar hacia una solución negociada al conflicto armado, respetando los derechos humanos y el derecho internacional humanitario con el fin de construir confianza mutua y con la población.
Y animó “al sector privado a seguir desarrollando actividades empresariales que contribuyen a mejorar el nivel de vida en áreas afectadas por el conflicto, la violencia y la pobreza.
Finalmente recomendó “a la comunidad internacional se asegure que su apoyo financiero y técnico al proceso de paz contribuye a mejorar el goce de los derechos humanos, y que su impacto sea evaluado periódicamente”.