Ramses Vargas en diálogo con el abogado Muñeton, defensor del indiciado en calidad de suplente del abogado Cancino
Mientras Ramses Vargas recibía sumas millonarias por parte de la Universidad, esta se endeudaba con la DIAN
La fiscalía manifiesta que se tiene acreditado que durante las vigencias de los años 2014 al 2017 la Universidad Autónoma del Caribe no pagó las retenciones debidamente impartidas, es decir, que las retenciones en la fuente, descontadas a los respectivos proveedores, no fueron canceladas en su debida oportunidad a la administración tributaria, en su condición de representante legal por parte de Ramses Vargas Lamadrid configuraron un perjuicio en contra del patrimonio de la universidad, así fue certificado por el señor Álvaro Angulo Palacio, Jefe de oficina Jurídica.
Lo anterior expuesto se confirma con certificaciones suscritas por la contadora de la universidad, la cual acredita que a fecha 30 de noviembre de 2018 hacen constar que de acuerdo a los registros contables de la institución, a corte del 31 de diciembre de 2017 se refleja una deuda a la Dian por periodos comprendidos de enero de 2015 a diciembre de 2017 con un saldo de $ 4.376.404.000, igualmente en la misma certificación se hace énfasis a que liquidaron sanciones en contra de la Universidad Autónoma del Caribe por un valor de $3.688.848.000, lo que quiere decir que la UAC le adeuda a la DIAN aproximadamente $ 8 mil millones de pesos.
Para la fiscalía estas circunstancias mencionadas son muestra que inequívocamente existe inferencia razonable de autoría o participación frente a los comportamientos de concierto para delinquir con fines de enriquecimiento ilícito e la persona del señor rector Ramses Vargas Lamadrid, igualmente en coparticipación criminal con los miembros activos de la UAC quienes permitieron la designación de pagos honorarios y la designación de pagos a Vargas Lamadrid que tuvo un incremento patrimonial durante su ejercicio como rector de $ 3.893.987.825, que le fueron pagados por concepto de viáticos $ 510.861.407 a pesar de que el consejo directivo había previamente designado una cuota por auxilio de seguridad por valor de 20 mil dólares y no obstante a ello su esquema de seguridad era pagado con las rentas del alma mater.
El ente investigador considera que el esquema de seguridad de Vargas fue en perjuicio del patrimonio de la universidad en una cuantía de $2.223.470.704.
Además de todas las prevendas enunciadas en el párrafo anterior al señor Vargas Lamadrid se le incrementó su salario de manera injustificada iniciando con 30 millones de pesos y ampliando su salario en 20 millones de pesos con efecto de retroactividad, llegando a recibir $ 64 millones y habiendo ampliado sus bonificaciones en 4 mil dólares más en virtud a los 22 mil dólares que inicialmente habían sido asignados por el Consejo directivo.
Este resultado de las investigaciones realizadas son las que reconfirman a la fiscalía que la libertad del exrector Vargas debe ser limitada en virtud de que la medida de aseguramiento se muestra necesaria para evitar que el imputado obstruya el debido ejercicio de la justicia.
