Con el objetivo de avanzar en la implementación del Sello Laboral Equipares y de los beneficios para las empresas que ocupen a mujeres víctimas de la violencia, el Distrito de Barranquilla sigue trabajando en actividades de promoción y socialización de estas iniciativas.
Una de estas acciones está centrada en el Decreto 2733 de 2012, con el cual el Gobierno Nacional reglamentó el artículo 23 de la Ley 1257 de 2008, en el cual establece que aquellos empleadores obligados a presentar declaración de renta y complementarios que ocupen a trabajadoras víctimas de violencia comprobada, tendrán derecho a deducción de la renta.
En reciente reunión, la Oficina de la Mujer, Equidad y Género, de la Alcaldía de Barranquilla, en coordinación con ANDI, ACRIP y Cámara de Comercio Colombo Americana- AMCHAM, con asistencia de Anne Mendoza, asesora de la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, se socializaron los avances del Decreto 2733 de 2012, que establece los requisitos necesarios para hacer efectiva la deducción de impuestos a empresas que ocupen a mujeres víctimas de la violencia.
La Alcaldía de Barranquilla presentó la información del Sello Equipares, iniciativa impulsada por el Ministerio del Trabajo y la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, con el acompañamiento técnico del Programa de Naciones Unidas (PNUD), trabajando de manera conjunta en el Programa de Certificación del Sistema de Gestión de Igualdad de Género-SGIG. Es una herramienta de transformación cultural, empresarial y organizacional que busca identificar y eliminar las desigualdades, barreras y brechas de género en materia laboral.
A la reunión también asistieron representantes de DIAN, quienes compartieron los alcances, normatividad y beneficios tributarios de las empresas que vinculen laboralmente a mujeres víctimas de violencia de género.
La jefe de la Oficina de la Mujer, Equidad y Género, Helda Marino Mendoza, destacó que la Alcaldía de Barranquilla, en su Plan de Desarrollo Capital de Vida promueve la integración de entidades públicas y privadas con el objetivo de articular acciones que beneficien la equidad e igualdad en condiciones laborales que redunden en mejor productividad y competitividad en las empresas y también que estas contraten a mujeres víctimas de violencia de género para acceder a los beneficios de deducción de renta del 200%.
