El Consejo de Estado falló a favor de María Cristina Cuéllar Cárdenas, quien interpuso una acción de tutela contra la Presidencia de la República, alegando vulneración a su derecho fundamental a la información debido a las transmisiones de los consejos de ministros a través de los canales privados de televisión.
En una decisión sin precedentes, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado concluyó que la transmisión de estos espacios gubernamentales en medios privados de señal abierta —incluidos los canales nacionales y regionales— coarta la pluralidad informativa, impidiendo a los ciudadanos elegir libremente entre distintas fuentes de información.
Un derecho fundamental restringido
La Sala argumentó que, aunque el Presidente de la República está facultado para dirigirse al país a través de los medios, esta potestad no es absoluta ni ilimitada. La transmisión repetida de los consejos de ministros en canales privados —muchas veces en horario prime— restringe el derecho de los ciudadanos a acceder a contenidos diversos, plurales y no exclusivamente oficiales, elemento esencial en un Estado democrático.
El alto tribunal destacó que el derecho a la información no solo pertenece a quien la emite, sino también al ciudadano que debe recibirla desde múltiples enfoques. La imposición de una única narrativa desde el poder ejecutivo vulnera el principio de pluralismo que sustenta el debate público.
Posiciones encontradas
Durante el trámite judicial, la Presidencia solicitó negar la tutela, alegando que la demandante no demostró un perjuicio concreto. Por su parte, la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) y varios concesionarios de televisión como RCN y Plural Comunicaciones (Canal Uno) defendieron el cumplimiento de la normativa vigente, mientras que Caracol Televisión respaldó la reclamación de Cuéllar.
Otros ciudadanos, como Edwin Palma y Wilson Bejarano, intervinieron para argumentar tanto a favor como en contra de la acción, generando un debate que evidenció la tensión entre el derecho a la información y el uso del espectro electromagnético por parte del Estado.
Fallo y consecuencias
La sentencia ordena a la Presidencia de la República, al Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE) y a la CRC abstenerse de reincidir en la transmisión de los consejos de ministros por canales privados, el Canal Uno o medios comunitarios, señalando que esta práctica vulnera los principios constitucionales de pluralismo y libre acceso a información diversa.
El Consejo de Estado recordó que el espectro electromagnético es un bien público que no puede usarse con fines proselitistas ni para imponer una única visión oficial de la realidad.
Con esta decisión, se sienta un precedente jurídico en la protección del derecho a la información en Colombia y se llama la atención sobre el uso responsable y equilibrado de los medios públicos en democracia.