El Consejo Superior de la Universidad del Atlántico (CSU) suspendió este 3 de junio la elección de decanos y del representante del sector productivo después de recibir recusaciones contra sus nueve miembros, informó la Secretaría del organismo.
La decisión se tomó con base en el artículo 12 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) y en jurisprudencia del Consejo de Estado que establece que, ante recusaciones masivas que afectan al quórum del órgano colegiado, corresponde remitir el caso a la Procuraduría Regional, como autoridad competente para resolver estas impugnaciones.
La Secretaría notificará a los consejeros recusados, quienes tendrán cinco días hábiles para presentar su respuesta antes de la remisión formal de los expedientes al Ministerio Público. Mientras se adelanta este trámite, queda suspendida la escogencia de los 10 decanos de las distintas facultades y la elección del representante del sector productivo en el CSU.
Según el acta del Consejo, la sesión extraordinaria prevista para este miércoles en la sala de juntas de la Gobernación del Atlántico fue interrumpida por las recusaciones masivas. En una sesión anterior, celebrada el 26 de mayo, ya se había conocido la recusación contra cinco de los consejeros, lo que marcó el inicio del conflicto.
El sustento jurídico de la medida cita la Ley 1437 de 2011 (CPACA) y precedentes del Consejo de Estado —entre ellos un auto de 27 de octubre de 2021, un concepto de 2019 sobre la Universidad de Cundinamarca y una sentencia de 2017 que anuló la elección de rector en la Universidad del Magdalena— que determinan que cuando una recusación priva al órgano colegiado de quórum, la competencia para resolver corresponde a la Procuraduría.
El Consejo Superior también aplicó el procedimiento recomendado por la jurisprudencia: convocar sesión extraordinaria para dejar constancia de las recusaciones, verificar los requisitos de los escritos, suspender formalmente el trámite electoral y garantizar la custodia documental antes de remitir el expediente al organismo de control.
Expertos consultados en materia administrativa y disciplinaria advierten que ignorar este procedimiento podría acarrear la nulidad del proceso electoral por violación al debido proceso, sanciones disciplinarias para los consejeros y daños reputacionales para la universidad. Por ello, el CSU pidió además solicitar un concepto preventivo al Ministerio de Educación y revisar los estatutos internos mientras se resuelve la controversia.
Una vez la Procuraduría Regional del Atlántico reciba los expedientes y resuelva las recusaciones, el CSU informará a la comunidad universitaria sobre los pasos a seguir para reactivar el proceso electoral.