La Contraloría General de la República entregó al equipo de empalme anticorrupción del presidente electo Abelardo De La Espriella un diagnóstico crítico sobre el estado de las finanzas públicas, la ejecución sectorial y varios programas sociales e infraestructura del país.
Según el comunicado, el informe final —resultado de 62 mesas de trabajo con 17 contralores delegados, ministros y líderes sectoriales— advierte que el presupuesto de 2027 quedaría desfinanciado en 30 billones de pesos por la inclusión de ingresos considerados de difícil recaudo, mientras aumenta el peso del servicio de la deuda.
En materia energética, el documento señala deudas superiores a 5,6 billones de pesos, incluidas obligaciones cercanas a 2,9 billones asociadas a Air-e. Además, indica que para 2027 apenas estaría financiado el 25% de los recursos necesarios para cubrir esos compromisos.
El sector transporte también presenta rezagos. De acuerdo con el comunicado, en 2025 ejecutó solo el 43% de su presupuesto y a julio de 2026 no supera el 13%. A esto se suman procesos arbitrales contra la ANI por pretensiones superiores a 14 billones de pesos y una red vial nacional con más del 55% en estado regular o malo.
Alertas en programas sociales
El informe también plantea riesgos para programas sociales. En el caso de Adulto Mayor, la Contraloría advierte un déficit cercano a 3,2 billones de pesos que pondría en riesgo los pagos a unos 3 millones de beneficiarios entre agosto y diciembre de 2026.
Sobre primera infancia, el organismo identificó presuntos problemas en la contratación de servicios pedagógicos con entidades sin relación directa con la educación inicial, entre ellas asociaciones campesinas, pesqueras y plataneras, según el comunicado.
En reforma agraria, el reporte indica que más de 45.500 familias campesinas recibieron predios sin títulos formalizados y que la meta de entrega de tierras apenas alcanza el 18%: de 1.500.000 hectáreas prometidas, solo se habrían entregado 282.975.
El comunicado señala que el Gobierno de la Patria Milagro tomará posesión el 7 de agosto “conociendo con precisión la magnitud del desastre que recibe” y que actuará desde el primer día con “responsabilidad, transparencia y determinación” para proteger los recursos públicos.