El desistimiento de las demandas falsas contra la minera colombiana y condena a sus acusadores por soborno y manipulación de testigos fue por parte de un jurado en Alabama.
Drummond Company logró una victoria histórica en un tribunal federal de Estados Unidos. El 15 de enero, un jurado del Distrito Norte de Alabama falló a favor de la minera carbonífera, rechazando acusaciones de nexos con paramilitares en Colombia y condenando a sus detractores por difamación, extorsión y violaciones a la Ley RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act).
Indemnización millonaria por daños y perjuicios
El veredicto otorgó a Drummond US$52 millones por difamación y US$68 millones por extorsión bajo RICO, suma que se triplica automáticamente según la ley, alcanzando un total de US$256 millones. El jurado determinó que el abogado Terrence P. Collingsworth y su organización International Rights Advocates (IRAdvocates) fabricaron acusaciones falsas para dañar la reputación y los negocios de la empresa.
Se probó que Collingsworth sabía o ignoró imprudentemente la falsedad de sus señalamientos, presentados en cartas a terceros y campañas mediáticas en EE.UU., Colombia y Europa.
Soborno y manipulación: los detalles del caso
Bajo RICO, el jurado halló culpables a Collingsworth y aliados como el abogado colombiano Iván Alfredo Otero Mendoza y el empresario holandés Albert van Bilderbeek. La evidencia reveló pagos ocultos superiores a US$400.000 a testigos como Jaime Blanco Maya y Jairo de Jesús Charris (alias «El Viejo Miguel»), usados para testimonios falsos sobre supuestos vínculos de Drummond con paramilitares.
“Este veredicto es una prueba más de que Drummond no tiene ni ha tenido vínculo alguno con organizaciones al margen de la ley. La compañía lleva décadas soportando señalamientos maliciosos y narrativas falsas, que un jurado ahora determinó por unanimidad que eran categóricamente falsas”, declaró Trey Wells, abogado principal de Starnes Davis Florie LLP.
Compromiso ético de Drummond en Colombia
Drummond, con operaciones en Colombia desde finales de los 80, reiteró su adhesión a las leyes locales y estándares éticos. La empresa denuncia una «estrategia coordinada» de presión reputacional y judicial basada en fraudes como obstrucción de justicia, fraude electrónico y lavado de dinero.
Este fallo cierra un capítulo de litigios prolongados y refuerza la posición de Drummond ante controversias históricas en la región carbonífera del Cesar.
