La Defensoría del Pueblo solicitó formalmente a la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) que retire la solicitud enviada a medios de comunicación que requería información detallada sobre las políticas editoriales, los procesos de decisión informativa y los mecanismos internos de verificación de los medios.
Esta petición se hizo mediante una carta en la que la Defensora, Iris Marín, expresó que el requerimiento de la CRC podría ser incompatible con los estándares constitucionales e internacionales de derechos humanos relacionados con la libertad de prensa, la reserva profesional y la autonomía editorial.
La Defensoría argumenta que la naturaleza de los documentos solicitados, como actas y manuales de decisiones editoriales internas, tiene una protección especial para garantizar la independencia de los medios frente a cualquier forma de injerencia estatal. Además, señaló que la formulación actual del requerimiento puede generar un efecto inhibidor en la deliberación periodística, lo que iría en contra de los principios constitucionales e interamericanos sobre la libertad de prensa.
La Defensora del Pueblo también criticó que el comunicado de la CRC no es claro en cuanto a los alcances jurídicos de la solicitud y ofreció acompañar un diálogo institucional para promover el pluralismo informativo, la calidad del contenido y la confianza ciudadana en los medios, respetando la autonomía y autorregulación periodísticas como pilares fundamentales de la libertad de prensa en una democracia.
