En las últimas semanas hemos leído en las crónicas judiciales el preocupante incremento de las conductas delictivas, principalmente casos de hurtos y homicidios, que son cometidas por ciudadanos venezolanos que se han asentado en nuestra ciudad.
Confieso que pensé mucho antes de comenzar a escribir ésta columna, pues seguramente algunos me podrían tildar de xenófobo, pero les aseguro que no es así. El vandalismo venido de tierras hermanas es una realidad que no podemos ocultar y ya es hora que las autoridades locales tomen medidas drásticas al respecto, pues la magnitud de la problemática social que estamos padeciendo así lo amerita.
Por supuesto que no podemos ser indolentes con nuestros hermanos venezolanos que han emigrado de sus tierras, huyendo de la caótica situación social, política y económica que están viviendo en el vecino país y han llegado a Barranquilla en busca de un mejor futuro para sus familias, buscando algo así como “el sueño colombiano”. Sin embargo, la hospitalidad que le estamos brindando está siendo alterada por un gran número de esos inmigrantes que se han dedicado a actividades ilícitas. Basta mirar las noticias judiciales que han aparecido publicadas en los medios en las últimas semanas y podremos constatarlo. Asesinatos, robos a mano armada, ejercicio de la prostitución, incluso algunos casos de falsedad en documentos, etc., son las principales conductas punibles cometidas.
Creo que aún estamos a tiempo para frenar ésta ola de inseguridad importada. Las acciones correctivas deben venir incluso desde el gobierno nacional. De nada sirve concederles permiso de permanencia o abrirles las fronteras a los venezolanos, si esto no viene acompañado de oportunidades laborales, de fuentes de trabajo, de salud, de educación para sus hijos. Todo un tejido social que mitigue sus necesidades básicas para que no se vean abocados a salir a las calles a buscar el sustento a través de actividades delincuenciales.
