La Defensoría advirtió que la deforestación, las economías ilegales y las amenazas contra liderazgos sociales continúan poniendo en riesgo ecosistemas estratégicos y formas de vida ancestrales.
La protección de la Amazonía, las garantías para los pueblos indígenas y los desafíos de una Constitución que reconoce la diversidad cultural del país fueron los ejes de los Diálogos Constitucionales en Leticia. Este evento, organizado por la Corte Constitucional, reunió a la presidenta de la
corporación, magistrada Paola Andrea Meneses; a la Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz,
así como a magistrados y magistradas, autoridades indígenas, organizaciones sociales e
instituciones públicas.
En este escenario, la Defensoría del Pueblo y la Corte Constitucional suscribieron dos
memorandos de entendimiento orientados a promover la pedagogía constitucional en los
territorios y fortalecer la coordinación y colaboración interinstitucional para la protección
de los derechos humanos.
La agenda de diálogos institucionales se desarrolló a través de los paneles “Territorio,
equilibrio y diversidad”, “Una Constitución plural y diversa” y “El derecho a delimitar las
fronteras del relacionamiento”, en los que se abordaron temas como el papel de los
pueblos indígenas en la protección de los ecosistemas amazónicos, los avances de la
Constitución de 1991 a 35 años de su promulgación y los desafíos que enfrenta la
protección de los pueblos en aislamiento voluntario.
Durante su intervención, la Defensora del Pueblo puso en el centro la relación entre
derechos humanos y protección territorial, especialmente en la Amazonía, donde
persisten riesgos asociados a la deforestación, las economías ilegales y las agresiones
contra lideresas y líderes sociales. Subrayó, además, que defender la naturaleza es
garantizar la vida, la cultura y la dignidad de los pueblos étnicos.
“La ley de origen de los pueblos indígenas nos enseña que no ocupan el territorio por azar;
cada comunidad fue ubicada en sus lugares ancestrales con el propósito de resguardar el
equilibrio de la naturaleza. Así, a través de sus luchas, han impulsado transformaciones
profundas que hoy permiten materializar la verdadera interculturalidad del Estado. Un
ejemplo de este esfuerzo colectivo es la conformación de las Entidades Territoriales
Indígenas (ETIS)”, puntualizó la Defensora, advirtiendo que aún persisten desafíos para su
implementación efectiva.
Este enfoque reconoce los conocimientos territoriales y reafirma que la naturaleza es
sujeto de derechos, tal como lo han establecido decisiones judiciales sobre el río Atrato y
la Amazonía. Sin embargo, la Defensora advirtió que estos avances no son suficientes
frente al incremento de la minería ilegal y la deforestación que, según informes recientes,
continúan poniendo en riesgo los ecosistemas, los saberes ancestrales y las formas de vida
en la región amazónica.
“Los pueblos del Amazonas aluden constantemente al principio de complementariedad.
Este nos enseña que el ser humano no es dueño ni dominador de la selva, sino parte de
ella. Existimos porque la naturaleza existe, y nos cuidamos mutuamente en una relación
recíproca. No es, entonces, una coincidencia que los lugares habitados ancestralmente
por los pueblos étnicos sean hoy las zonas más conservadas del planeta”, aseguró Iris Marín Ortiz.
El fortalecimiento de la protección de los liderazgos sociales y de quienes defienden el
territorio frente a riesgos que persisten en la región amazónica fue otro tema clave en la
discusión. Al respecto, se destacó que las Alertas Tempranas de la Defensoría dan cuenta
de amenazas reiteradas contra personas defensoras del ambiente, con especial impacto
en los liderazgos de los pueblos étnicos.
La Defensora del Pueblo también dijo que “los saberes de los pueblos étnicos no son
folclorismos. Son un conocimiento válido e indispensable para la toma de decisiones. La
memoria, la lectura del territorio, la comprensión de los ciclos y las prácticas de cuidado
configuran una inteligencia colectiva que necesitamos con urgencia para responder con
seriedad a la crisis climática y ambiental”.
Asimismo recordó que se ha hecho un llamado al Gobierno que resulte elegido para que
adopte, al menos, tres decisiones impostergables en materia de derechos ambientales y
de la naturaleza: enfrentar la deforestación y la degradación ambiental como fenómenos
asociados al control territorial y las economías ilegales; regular de manera efectiva la
actividad minera para proteger los derechos humanos, el ambiente y los territorios; y
fortalecer la gestión del riesgo de desastres y la respuesta al cambio climático como
obligaciones inherentes a la garantía de los derechos humanos.
Por su parte, la presidenta de la Corte Constitucional, Paola Andrea Meneses señaló que
“es muy importante para la Corte Constitucional avanzar hacia el territorio para dialogar
sobre la dignidad de las comunidades y sobre el enfoque pluriétnico de diversidad que
consagra la Constitución. Estamos escuchando a la comunidad para determinar caminos
de diálogo y ahondar en la mejor forma de atender y de garantizar los derechos
fundamentales de estas comunidades, preservando su cosmovisión, las diferentes maneras
de ver el mundo, la justicia, la salud y de vivir en comunidad como nación”, aseguró.
Desde la Defensoría del Pueblo se tiene el compromiso de avanzar en una acción
institucional articulada, con enfoque territorial y diferencial, orientada a garantizar la
protección integral de los derechos humanos y de la naturaleza, reconociendo su
interdependencia y la urgencia de preservar los ecosistemas que sostienen la vida en los
territorios.
“Defender el territorio no es defender algo externo a nosotros. Es defender la vida, la
dignidad y el buen futuro de los múltiples sistemas de vida que ya existen y de aquellos
que están por llegar. Defendemos los derechos para que la igualdad se materialice, todas
las voces se escuchen en paz, se dignifique la vida en armonía con la naturaleza y para
que tengamos confianza y esperanza en un buen futuro”, concluyó la Defensora del
Pueblo, Iris Marín Ortiz.