Las entregas dignas hacen parte de las acciones judiciales, humanitarias y técnicocientíficas adelantadas por las entidades del Sistema Integral para la Paz para proteger sitios de interés forense, recuperar cuerpos e identificar a personas desaparecidas en el contexto del conflicto armado.
Dos familias de los municipios de Honda y Flandes, en Tolima, pudieron recuperar y despedir dignamente a sus seres queridos, Daniel* y Santiago, desaparecidos durante el conflicto armado hace más de una década, gracias al trabajo articulado entre la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) y el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.
Tanto la identificación de Daniel, oriundo de Flandes, como la de Santiago, nacido en Honda, fueron posibles gracias a las medidas cautelares decretadas por la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad (SAR) de la JEP sobre el Cementerio Católico Central de La Dorada (Caldas), en el caso de Daniel, y sobre el Cementerio Juan María Vianney, en Puerto Triunfo (Antioquia), en el caso de Santiago.
Dichas acciones estuvieron orientadas a proteger este sitio de interés forense, preservar cuerpos que podrían corresponder a personas desaparecidas y contribuir a su recuperación, identificación y entrega digna.
Un hijo de Honda
El 12 de junio de 2009 fue la última vez que la familia de Santiago lo vio con vida. Tenía cerca de 17 años, cursaba bachillerato y, como cualquier otro adolescente, sus preocupaciones eran asistir al colegio y cumplir con las tareas. Esa tarde salió de su casa para encontrarse con un compañero y adelantar un trabajo escolar. Horas después dejó de responder. Algunos vecinos aseguraron haberlo visto ese día en el Parque de los Periodistas, uno de los lugares más concurridos de Honda. Desde entonces, el silencio reemplazó cualquier noticia sobre su paradero.
Al día siguiente, sus padres, familiares y vecinos emprendieron una búsqueda desesperada que los condujo hasta las orillas del río Gualí. Allí encontraron abandonadas sus sandalias. La primera hipótesis fue que el joven había muerto ahogado. Sin embargo, el paso de los días confirmó que no existía rastro de su cuerpo y la incertidumbre comenzó a instalarse en la vida de su familia.
Con el avance de las investigaciones se estableció que Santiago había sido víctima de desaparición forzada en el marco del patrón criminal de asesinatos y desapariciones presentados ilegítimamente como bajas en combate, conocidos como ‘falsos positivos’.
Mientras su familia lo seguía buscando en Honda, su cuerpo había sido trasladado e inhumado como persona no identificada en otro departamento
Durante más de quince años, sus familiares se negaron a dejar de buscarlo. Las respuestas no emergieron de las aguas del río Gualí, sino del Cementerio Juan María Vianney, a más de cien kilómetros del lugar donde desapareció.
La identificación de Santiago fue posible gracias a las medidas cautelares decretadas por la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad de la JEP sobre este cementerio, dentro del cual, en cumplimiento de estas decisiones judiciales, la UBPD adelantó intervenciones forenses entre 2023 y 2024, durante las que fue recuperado el cuerpo de un joven cuyas características coincidían con las de Santiago.
Posteriormente, los análisis técnico-científicos realizados por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, junto con el intercambio de información entre las entidades del Sistema Integral para la Paz, permitieron confirmar su identidad y reconstruir el recorrido de su cuerpo, que durante años permaneció desconocido para su familia.
Tras la culminación de las intervenciones forenses y el cumplimiento de los objetivos de protección sobre este sitio de interés forense, la JEP levantó las medidas cautelares que recaían sobre los osarios del cementerio, al verificar que las acciones de búsqueda y recuperación previstas habían sido ejecutadas. Más de quince años después, Santiago regresó finalmente con su familia.
Su entrega digna puso fin a una búsqueda marcada por la falta de certezas y permitió que sus seres queridos pudieran despedirlo bajo sus tradiciones y honrar su memoria.
La búsqueda de Daniel condujo a un cementerio protegido por la JEP
Daniel era un joven oriundo de Flandes que desapareció en octubre de 2011, en medio de las ferias y fiestas de Girardot. Tenía aproximadamente 25 años, estudiaba un técnico en sistemas y trabajaba junto a un familiar en una ferretería.
La noche de su desaparición salió de casa para encontrarse con dos amigos y asistir a las fiestas del municipio. La ausencia encendió de inmediato las alarmas de su madre. Desde ese momento emprendió una búsqueda entre las calles de Girardot, preguntando por su hijo a quienes habían estado en las festividades.
Entre las pocas respuestas que logró obtener, alguien le dijo que, al parecer, un vehículo desconocido se lo había llevado durante la madrugada. Desde entonces no volvió a tener noticias de Daniel. La incertidumbre se prolongó durante años.
En 2020, la familia acudió a la UBPD, que incorporó el caso a los Planes Regionales de Búsqueda del Oriente de Caldas y del Valle del Magdalena y Nevados. La toma de una muestra genética de la madre de Daniel, la recopilación de testimonios, la revisión de archivos y el cruce de información orientaron la búsqueda hacia el Cementerio Católico Central de La Dorada (Caldas), uno de los sitios de interés forense protegidos por las medidas cautelares decretadas por la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad de la JEP.
En cumplimiento de estas decisiones judiciales, la UBPD adelantó las intervenciones forenses en el cementerio. Durante la primera fase fueron recuperados 22 cuerpos no identificados, entre ellos el de un joven mayor de 20 años que, según los registros del camposanto, había ingresado el 21 de octubre de 2011, luego de ser encontrado en las aguas del río Magdalena.
Los análisis iniciales indicaban que se trataba de una víctima de ahogamiento por medios violentos. La investigación humanitaria, la reconstrucción documental del caso y los análisis técnico-científicos realizados por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, junto con la confrontación genética realizada con la muestra aportada por la madre de Daniel, permitieron establecer plenamente su identidad, tras una zozobra que duró más de quince años.
La confirmación llegó acompañada de un detalle profundamente significativo para su familia. Además de la evidencia genética, el análisis odontológico reveló que Daniel presentaba paladar hendido y un defecto vestibular en uno de sus dientes. Al escuchar el informe, su madre recordó que desde niño tenía dificultades para pronunciar la letra «R».
Ese rasgo, que durante años hizo parte de su cotidianidad, terminó convirtiéndose en la prueba definitiva de que, después de tantos años de paciente espera, finalmente había encontrado a su hijo.
La entrega digna de Santiago y Daniel es resultado de la articulación entre las decisiones judiciales de la JEP, las acciones humanitarias de la UBPD y el trabajo técnico-científico del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, para contribuir a la identificación de las víctimas y devolver respuestas a las familias que durante años aguardaron la esperanza de saber qué ocurrió con sus seres queridos.
Tras más de quince años de búsqueda, Santiago y Daniel regresaron finalmente con sus familias. Sus entregas dignas representan la posibilidad de transformar la incertidumbre en respuestas, honrar su memoria y permitir que quienes nunca dejaron de buscarlos puedan despedirlos conforme a sus creencias y tradiciones.
Cada entrega digna recuerda que detrás de cada proceso de búsqueda hay una historia de vida, una familia que resistió el paso del tiempo y un compromiso conjunto de responder al dolor de la desaparición.
Devolver un cuerpo con identidad es también devolver una parte de la historia de las víctimas y abrir un camino para que sus familias puedan afrontar el duelo con verdad y dignidad. A la fecha, la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad de la JEP ha contribuido a la exhumación de 2.126 restos humanos, la identificación de 251 cuerpos y la realización de 158 entregas dignas. Cada una de estas acciones representa un avance en la búsqueda de las personas desaparecidas y en el propósito de brindar respuestas a sus familias.
Los nombres de las víctimas han sido cambiados por razones de seguridad y protección de la identidad de la familia.