El Comité Nacional de Empalme del Gobierno Nacional anunció este martes la suspensión temporal de su participación en las sesiones conjuntas de empalme con el equipo del presidente electo Abelardo De La Espriella, al asegurar que no se dan las condiciones mínimas de respeto institucional necesarias para continuar el proceso.
En una declaración institucional leída antes del inicio de la sesión convocada para hoy, los miembros del comité —Germán Ávila, Nora Mondragón, Augusto Campo y Natalia Irene Molina— remarcaron que el empalme “pertenece a Colombia” y que su propósito es garantizar la continuidad de la administración pública, proteger el interés general y asegurar la prestación ininterrumpida de los servicios del Estado, conforme a la Constitución y la Ley 951 de 2005.
Sin embargo, el comité expresó “profunda preocupación” por declaraciones públicas del integrante del equipo entrante Carlos Alonso Lucio, quien el pasado domingo concedió una entrevista en la que formuló, según el comunicado, “graves señalamientos” contra el presidente y su equipo, y presentó el empalme como un supuesto “empalme anticorrupción”. El gobierno calificó esas manifestaciones como un uso indebido del escenario de transición para proyectar presunciones de responsabilidad sobre la administración saliente.
El documento insistió en que el empalme “no fue concebido” como investigación penal ni como plataforma política, y recordó que las eventuales responsabilidades disciplinarias, fiscales o penales corresponden a las autoridades competentes, con respeto al debido proceso y la presunción de inocencia. Por ello, informó que el Gobierno Nacional radicó una denuncia penal contra Carlos Alonso Lucio por considerar que sus declaraciones afectan la honra y el buen nombre del presidente y su equipo. El comité agregó que esa controversia deberá resolverse ante las autoridades competentes y no en el marco del empalme.
Además, el Comité Nacional de Empalme extendió una invitación formal al Procurador General de la Nación, Gregorio Eljas Pacheco, para que disponga la participación de procuradores delegados o funcionarios que estime pertinentes en las sesiones sectoriales, en ejercicio de la función preventiva del organismo de control. Saludó también el acompañamiento de la Contraloría General de la República como un refuerzo de la transparencia y las garantías institucionales.
Como consecuencia de los hechos señalados, el comité decidió suspender las sesiones conjuntas “hasta tanto existan garantías de respeto recíproco, cese la utilización de expresiones y actuaciones incompatibles con la naturaleza institucional del proceso y puedan restablecerse las condiciones necesarias para desarrollar un empalme técnico, serio y respetuoso de la Constitución y la ley”.
El comunicado concluyó señalando el compromiso del Gobierno con la transparencia y el deber constitucional, y subrayó que la suspensión busca proteger las instituciones, la dignidad del Estado y el verdadero sentido del empalme como ejercicio de responsabilidad democrática.