El Equipo de Empalme Anticorrupción del presidente electo Abelardo De La Espriella pidió suspender de manera inmediata las maniobras contractuales de última hora en FONIGUALDAD, entidad en liquidación adscrita al Ministerio de la Igualdad. La solicitud fue dirigida al liquidador Rafael Rodríguez Ortiz y al presidente de Fiduagraria, Guillermo Javier Zapata, según el comunicado oficial emitido el 5 de agosto de 2026.
De acuerdo con el documento, la advertencia se centra en contratos que, según el equipo de empalme, excederían las facultades legales establecidas en los artículos 4 y 34 del Decreto 626 de 2026. Además, el comunicado señala que cualquier omisión de debida diligencia o giro de recursos podría generar responsabilidades fiscal, disciplinaria, penal y civil para los administradores y fiduciarios involucrados.
Las medidas exigidas
Entre las exigencias planteadas, el empalme pidió suspender de inmediato nuevas vinculaciones de personal por medio de empresas temporales o bolsas de empleo, congelar 9.082 millones de pesos en anticipos, nómina y desembolsos asociados al contrato EGA-033-ICD-008-2026, suscrito con LABORANDO S.A.S., y entregar el inventario contable y contractual completo para auditoría. El contrato mencionado tendría un valor de 30.275 millones de pesos y contemplaría la vinculación de 1.270 personas en misión.
El comunicado también afirma que estas alertas se suman a una advertencia fiscal de la Contraloría por un riesgo superior a 140.910 millones de pesos en contratos con LABORANDO S.A.S. sin resultados verificables, así como a una indagación de la Procuraduría por contratos de 30.000 millones de pesos para burocracia en plena fase de liquidación.
Copias a entidades de control
La notificación fue enviada, según el documento, con copia al presidente saliente Gustavo Petro, a la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la Nación, la Fiscalía General de la Nación, Fiduprevisora y Fiducoldex. El empalme sostuvo que “ninguna maniobra contractual de último minuto pasará sin respuesta” y aseguró que la vigilancia sobre el uso de recursos públicos será “total y permanente” a 48 horas de la posesión presidencial.