La Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente (CCE) desmintió este jueves las denuncias sobre supuestos hechos de corrupción en el proceso para contratar bienes y servicios de ciberseguridad para entidades del Estado, y aseguró que no existe adjudicación prevista para el 28 de julio, como se afirmó en redes sociales. La entidad precisó que la selección del Acuerdo Marco de Precios (AMP) de ciberseguridad está proyectada para el 14 de octubre.
CCE explicó que este mecanismo no corresponde a un contrato convencional, sino a un “contrato sombrilla” que permite fijar condiciones iniciales de mercado y luego habilita a las entidades estatales a contratar con los proveedores según sus necesidades. También indicó que el proceso comenzó en julio de 2025 y que desde entonces se han realizado mesas de trabajo con entidades y proveedores para construir el nuevo acuerdo.
La agencia sostuvo además que el cronograma ha tenido ajustes para responder a cerca de 4.000 observaciones recibidas durante la etapa de borradores, todas publicadas en la plataforma SECOP II. Según el comunicado, CCE también había pedido el acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación como medida de transparencia.
En contraste, el Equipo de Empalme Anticorrupción del Gobierno electo del presidente Abelardo De La Espriella, radicó ante la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República denuncia por presuntas irregularidades en el proceso CCENEG-094-01-2026 de Colombia Compra Eficiente para la selección de proveedores de ciberseguridad, valorado en cerca de 300.000 millones de pesos, cuya adjudicación está prevista para el 28 de julio. El Empalme Anticorrupción advirtió sobre presuntos pliegos direccionados, requisitos que limitarían la participación de empresas locales, estudios de mercado desactualizados y una celeridad sospechosa en el cronograma, y solicitó la suspensión inmediata del proceso mientras se verifica su legalidad.
Colombia Compra Eficiente rechazó lo que calificó como desinformación alrededor del proceso y afirmó que no existen pliegos direccionados ni requisitos que limiten la participación de empresas locales. La entidad añadió que ha estado disponible para realizar el empalme correspondiente y despejar dudas, pero aseguró que el equipo del presidente electo no ha concurrido.
La comunicación oficial también advirtió que la administración actual podría acudir a acciones legales por falsa denuncia, al tiempo que reiteró la invitación a consultar los documentos públicos del proceso en SECOP II.