El delito se habría dado en la ejecución de un contrato por 8 mil millones de pesos cuyo objeto era evitar la mortalidad infantil en comunidades indígenas asentadas en zonas desérticas.
Con ocasión del fenómeno del niño a mediados de 2015 fue declarada la calamidad pública en el municipio de Manaure (La Guajira), para evitar la mortalidad infantil en el municipio. En ese sentido, la administración municipal suscribió un contrato con la IPS Sol Wayúu con el objetivo de brindar atención a 2.000 familias de dicha etnia; sin embargo, la mayoría de la población nativa no fue beneficiada.
Por estos hechos, un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción formuló cargos, ante un juez de garantías, al exalcalde de Manaure, Davis Díaz Rivera; y a la exsecretaria de Salud, Angélica Manotas Moscote; por los delitos de peculado por apropiación en provecho propio y en favor de terceros e interés indebido en la celebración de contratos.
Adicionalmente, a Manotas Moscote le fue imputado el delito de falsedad ideológica en documento público. Ninguno de los procesados aceptó su responsabilidad.
Según la investigación adelantada, el contrato, que tenía un valor de $8.000 millones, pretendía ayudar a niños, madres gestantes y mujeres de comunidades indígenas, con la entrega de kits alimenticios, agua potable, atención en salud y medicamentos, así como un componente informativo, en un término de 5 meses.
Los elementos recaudados por el grupo de investigadores advierten que se habrían violado los principios de transparencia, selección objetiva y planeación. Entre las irregularidades más significativas esta la definición de un contratista con antelación; que la IPS Sol Wayúu no contaba con la capacidad para ejecutar el contrato por lo que utilizó los servicios de terceras empresas por el 65% de las actividades desarrolladas (compra de mercados, agua, logística, transporte y elaboración de folletos).
Además, la IPS no tenía la autorización de la Secretaría de Salud (la misma entidad contratante) para ejecutar actividades en zonas rurales de carácter médico en relación con pediatría, ginecología, nutrición y servicios farmacéuticos.
Para asegurar su actividad ilícita, los hoy imputados al parecer contrataron una nómina exagerada de funcionarios y médicos. En algunos casos, se habrían facturado sueldos de especialistas por $58 millones mensuales, pero estos profesionales nunca visitaron las rancherías.
También se evidenció que presuntamente se dejaron de comprar 209.000 litros de agua potable y 6.000 latas de suplemento alimenticio; no se hizo entrega de medicamentos; el sobrecosto de insumos habría alcanzado el 600%; y que se facturó la contratación de traductores de lengua wayuunaiki, pero esta labor al parecer la ejecutaron conductores o enfermeras.
En total, con dichas irregularidades, los investigados habrían causado un detrimento patrimonial por una cuantía de $2.839 millones.
Se presume que, entre julio y diciembre de 2015, tiempo de ejecución del contrato, Díaz Rivera recibió al menos $1.980 millones y la señora Manotas Monsalve aparentemente accedió a dádivas por $230 millones.
