El Juzgado Quinto Penal del Circuito de Pereira ordenó la suspensión provisional del proceso de contratación PSA-UNP-054-2026, una licitación de la Unidad Nacional de Protección (UNP) valorada en más de $78.000 millones de pesos. La decisión judicial se da luego de las reiteradas advertencias emitidas por el presidente electo de Colombia, Abelardo De La Espriella, sobre el impacto de este contrato en las finanzas públicas y la seguridad institucional.
A través de un comunicado de prensa, el equipo del mandatario electo calificó la medida como pertinente y oportuna. De La Espriella ya había manifestado su preocupación de que una adjudicación de tal magnitud a pocos días del cambio de mando pudiera comprometer directamente la seguridad del próximo jefe de Estado, la de su gabinete y el manejo responsable del erario público. Debido a estos riesgos, el gobierno entrante había solicitado previamente la intervención preventiva de la Procuraduría General de la Nación.
Exigencia de transparencia en el proceso
El Gobierno electo enfatizó su absoluto respeto por la independencia de los poderes judiciales, aclarando que no busca anticipar conclusiones sobre el fondo de las acciones de tutela que frenaron el proceso. No obstante, hizo un llamado enérgico a las directivas de la UNP para que cumplan integralmente la orden del juzgado y garanticen un acceso total y transparente a la información de la licitación.
«La transición no puede utilizarse para acelerar decisiones que comprometan la seguridad institucional, los recursos de los colombianos o la capacidad de actuación del nuevo Gobierno», señala el documento emitido por la oficina de prensa.
Vigilancia rigurosa a contratos de «última hora»
Abelardo De La Espriella aseguró que mantendrá una vigilancia rigurosa sobre todos los contratos, licitaciones y nombramientos que se pretendan firmar a última hora por la administración saliente. Asimismo, el presidente electo reiteró que la transparencia será una condición innegociable desde el primer día de su mandato.
El proceso de empalme continuará bajo la lupa del equipo del nuevo gobierno para evitar que decisiones apresuradas afecten la viabilidad presupuestal y operativa de las instituciones del Estado.
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