El pasado 8 de mayo, a través de comunicado oficial, el Consejo Nacional Electoral rechazó de manera categórica las declaraciones del presidente de la República Gustavo Petro, a propósito de la investigación administrativa que adelanta este cuerpo colegiado.
Resaltaba el CNE que las graves declaraciones contra los miembros de esta Corporación quebrantaban el normal funcionamiento del sistema democrático y ponen en riesgo a quienes están a cargo de tomar las decisiones en cumplimiento de sus funciones constitucionales.
“Quieren que deje de ser presidente porque cuatro o cinco vagabundos corruptos de la politiquería así lo quieren. No lo quiere ningún juez penal, porque el presidente no ha cometido ni cometerá delito alguno”, dijo Gustavo Petro el pasado 8 de mayo, cuando conoció la ponencia con formulación de cargos contra la campaña Petro presidente.
El día de hoy Semana publica un artículo donde dice que: Tal vez sin quererlo, el mandatario incrementó los riesgos de seguridad de los magistrados del Consejo Nacional Electoral, que desde hace meses vienen advirtiendo algunos riesgos que, por ahora, estaban tratándose de manera reservada para no generar polémicas innecesarias y en medio de las investigaciones que se adelantan. Sin embargo, la situación es compleja.
Afirma Semana que cuando se hacen las salas plenas, la Policía acordona todo el edificio, que está ubicado en la carrera Séptima con calle 32 y los pisos cuatro, cinco y seis de dicha edificación se llenan de uniformados y perros antiexplosivos. Esta acción se da, de acuerdo al informe del medio de comunicación, porque al parecer las autoridades tendrían información relacionada con que grupos como la denominada primera línea podrían ingresar, sabotear o limitar el acceso a las instalaciones del CNE.
Sigue diciendo Semana que con la presencia de la policía en las instalaciones de la CNE es evitar una asonada como la que ocurrió en febrero en el Palacio de Justicia y a la que el Gobierno le restó importancia. El problema de fondo es que el CNE está en un edificio donde además hay oficinas del Ministerio de Agricultura, del Departamento de Prosperidad Social y un centro comercial, por lo que controlar tantos visitantes a diario es una tarea casi que imposible. Cualquier persona con un carnet puede llegar a cualquiera de estas entidades sin problema alguno. Dicha edificación tiene una seguridad limitada, pero no la necesaria para contrarrestar un eventual ataque.
Por todo lo que se dice y se percibe los magistrados tienen temor, a algunos de ellos les han llegado mensajes con amenazas por hacer su trabajo y los mismo al parecer se relacionan con la investigación que se adelanta contra la campaña Petro.
En la actualidad los magistrados poseen un esquema de seguridad por parte de la UNP, salvo uno de los miembros que aún debe movilizarse sin escoltas y no entiende por qué la Unidad Nacional de Protección no le ha ofrecido medidas de seguridad.
Apartes tomados se SEMANA