El aumento sin precedentes de la migración inversa desde el norte del continente hacia el sur está generando graves desafíos humanitarios, según el informe conjunto de las Defensorías del Pueblo de Costa Rica, Panamá y Colombia con el acompañamiento de la ONU.
El documento advierte sobre el crecimiento en el número de personas que, ante el endurecimiento de políticas migratorias en México y Estados Unidos, retornan en condiciones de vulnerabilidad extrema, especialmente mujeres y niñas, y urge reforzar la cooperación regional para garantizar la protección y los derechos de los migrantes.
Principales hallazgos del informe
• Más de 14,000 personas retornaron desde México y Estados Unidos entre enero y agosto de 2025, la mayoría de nacionalidad venezolana, en contraste con la drástica reducción del flujo regular hacia el norte.
• Las principales causas del retorno son la imposibilidad de ingreso a Estados Unidos, cambios en la política migratoria, temor a deportaciones, y el agotamiento de recursos económicos.
• Las mujeres y niñas enfrentan mayores riesgos de violencia de género, trata de personas, explotación sexual y discriminación en las rutas de retorno.
• La Comisión identificó la operación de redes transnacionales de tráfico que controlan la migración inversa, cobrando tarifas elevadas y exponiendo a migrantes a riesgos como accidentes marítimos y extorsión.
Desafíos urgentes y recomendaciones
• Hay una ausencia significativa de atención humanitaria, información sobre derechos y acceso a mecanismos de protección internacional; la mayoría de víctimas no denuncia los abusos por desconfianza y falta de instituciones.
• Se recomienda adoptar un enfoque regional, interinstitucional e interseccional para la gestión migratoria, con mecanismos de coordinación permanente entre Costa Rica, Panamá, Colombia y los países de destino.
• Es prioritario ampliar el acceso a la justicia, implementar protocolos diferenciados para poblaciones vulnerables y facilitar mecanismos de movilidad regular y permanente.
Llamado a la acción
Las instituciones nacionales y organismos internacionales deben reforzar la cooperación regional y garantizar la vigencia de los derechos humanos, especialmente en contextos de retorno forzado. Solo una acción conjunta y sostenida permitirá brindar alternativas dignas y sostenibles, previniendo abusos y asegurando una respuesta humanitaria basada en derechos.