La actual situación de desorden y caos solo hace más difícil que el gobierno pueda tener recursos para atender las aspiraciones de los estudiantes: ICP

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Las protestas pacíficas de la población, como resultado de la pandemia y la consecuente pérdida de empleo e ingresos se han venido degenerando en actos de violencia premeditada y planificada por bandas criminales y de narcotráfico que desnaturalizan la actividad legal de manifestación de la población. Esta nueva etapa fue anunciada públicamente por miembros de las disidencias de las Farc desde Venezuela y por sectores políticos de la izquierda
colombiana que perdieron la última elección presidencial.

Si bien la protesta de los estudiantes por educación pública y la falta de oportunidades de empleo es comprensible, la actual situación de desorden y caos solo hace mas difícil que el gobierno pueda tener recursos para atender sus aspiraciones. Un número importante de empresarios y trabajadores han perdido su empleo y sus empresas por la pandemia, pero su protesta justificada está siendo secuestrada por actores políticos nacionales e internacionales, en particular por Venezuela y las bandas de narcotraficantes asociadas al régimen de Nicolás Maduro.

Respaldamos las acciones del Gobierno Nacional para buscar espacios de diálogo y concertación, que esperamos se lleven a cabo con amplios sectores de la sociedad y los sectores políticos del país y no únicamente con los manifestantes. Es importante que se avance en las negociaciones, pero éstas deben ceñirse a las reglas democráticas
y no a la imposición por las vías de hecho.

Los bloqueos ponen en grave riesgo la seguridad alimentaria del país, agravan la situación socioeconómica de los campesinos y afectan el suministro de insumos médicos que se requieren para atender especialmente la situación que enfrentamos por la pandemia. Las manifestaciones pacíficas no pueden convertirse en espacio para que los vándalos y terroristas ataquen a la sociedad civil y a la Fuerza Pública.

El Instituto se solidariza con la tristeza y dolor de las personas lesionadas y con las familias de aquellos que han muerto en estas confrontaciones y apoya la firme aplicación de la ley tanto a las violaciones de los derechos de nuestros ciudadanos, como de la Policía Nacional, quien con valentía y coraje se ha enfrentado a turbas preprogramadas y dirigidas a convertir una protesta pacífica en un campo de batalla.

La Fuerza Pública tiene el mandato constitucional de defender a los colombianos que se están viendo vulnerados en sus derechos por los hechos de violencia y criminalidad, haciendo uso legítimo de la fuerza para proteger a toda la población y los bienes públicos y privados.

Es indispensable adelantar reformas para avanzar hacia un Estado más efectivo y menos burocrático, resolviendo las ineficiencias del gasto público y creando una red de protección social que ayude a paliar los efectos de la crisis.

Estamos convencidos de la importancia de sumar esfuerzos y voluntades para mejorar el modelo económico, generando mayor equidad e inclusión, reactivando la economía, para que se puedan resolver los problemas de pobreza y desempleo, especialmente el juvenil que se ha visto agravado por la pandemia.

Colombia se ha caracterizado por ser la democracia más estable de América Latina y en un año prelectoral es importante que las distintas fuerzas políticas y sociales presenten sus propuestas al país, para que sea en las urnas donde se definan las prioridades y no mediante las vías de hecho.