La Entidad tramita 71 acciones disciplinarias contra funcionarios de la fuerza pública.
Bogotá DC.- La Procuraduría General de la Nación en ejercicio de sus competencias misionales en especial las referidas a la vigilancia y control de la gestión, así como a la defensa de los derechos fundamentales y colectivos de los ciudadanos; viene haciendo presencia como Ministerio Público en las jornadas de protestas que vive el país desde el pasado 28 de abril de 2021.
En desarrollo de la estrategia investigativa para el esclarecimiento de los hechos por presunta violación a los derechos humanos registrados durante la movilización ciudadana, la Procuraduría ha abierto 80 procesos disciplinarios.
Procesos Alcaldes y Gobernadores
En este sentido, El Ministerio Público adelanta nueve (9) acciones disciplinarias contra funcionarios públicos. Dos investigaciones disciplinarias contra: Wilson García Fajardo, alcalde de Zipaquirá (Cundinamarca) y Fabio Medrano, alcalde de Paipa (Boyacá).
Seis indagaciones preliminares que vinculan al Gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, el alcalde de Cartagena, William Dau, el alcalde de Pereira, Carlos Maya, el alcalde de Villavicencio, Juan Felipe Harman Ortíz, la concejala de La Tebaida, Fanny Flórez Jiménez y el Concejal del Municipio de Guarne, John Salazar. Y una indagación preliminar contra el Gerente de la ESE Hospital San Joaquín del Municipio de Nariño, Antioquia.
La Procuraduría advierte que los funcionarios públicos, en este caso los alcaldes y gobernadores, en su calidad de primera autoridad de los municipios de su jurisdicción, tienen la posición de garantes de los derechos tanto de los manifestantes como de las personas que no desean protestar.
Procesos contra integrantes de la Fuerza Pública
Como resultado de la vigilancia que vienen realizando los funcionarios de la Procuraduría General de la Nación al respeto por los derechos humanos, en especial la vida y la integridad; así como el derecho a la protesta; la Entidad tramita 71 indagaciones contra integrantes de la Policía Nacional, por presuntas violaciones a los derechos humanos, con ocasión de su intervención en las protestas, en la medida que podría entrañar presunto exceso de la fuerza y abuso de autoridad.
En ejercicio del poder preferente se han asumido 20 investigaciones que estaban a cargo de la Inspección General de la Policía Nacional para adelantar la acción disciplinaria y garantizar el debido proceso, la celeridad de las actuaciones, y los derechos de las víctimas, a fin de alcanzar la verdad material.
Las 51 indagaciones restantes se encuentran en las procuradurías regionales, distritales y provinciales, en virtud de actuaciones oficiosas o quejas presentadas por los ciudadanos.
Entre los casos en investigación figuran: (9) casos asociados a homicidios en Cali (Valle del Cauca), Madrid (Cundinamarca) e Ibagué (Tolima). Tres procesos disciplinarios por presunto abuso sexual en Cali (Valle del Cauca), Popayán (Cauca)y Manizales (Caldas).
Asimismo, se tramita una indagación preliminar por acción arbitraria de la Fuerza Pública en las instalaciones del Colegio Claretiano de Bogotá.
Las labores investigativas y de recolección de pruebas son adelantadas por la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales de la entidad.
Igualmente, la Procuraduría Delegada para el Ministerio Público en Asuntos Penales constituyó 19 Agencias Especiales con la que se designó una comisión de procuradores judiciales penales para que intervengan de manera permanente en el curso de los procesos de la Fiscalía General de la Nación y Justicia Penal Militar.
La Procuraduría seguirá acompañando desde los Puestos de Mando Unificado Nacional, departamentales, y municipales las movilizaciones ciudadanas para garantizar el ejercicio del derecho a la protesta pacífica.
