La Procuraduría General de la Nación suspendió por dos meses al director del Instituto de Tránsito Departamental del Atlántico, Carlos Mafio Granados Buitrago, por omitir durante más de 40 días la respuesta oportuna, clara y de fondo de un derecho de petición, cuando lo reglamentado es de 10 días hábiles luego de su recepción.
La solicitud iba dirigida a obtener información y copia de los documentos relacionados al trámite de traspaso de la propiedad de un vehículo, y a conocer si la secretaría de Hacienda estaba enterada del cambio de propietario.
En fallo de primera instancia, la Procuraduría Regional del Atlántico encontró que, el disciplinado también incumplió su deber como funcionario público al no acatar el fallo de tutela del Juzgado Noveno Administrativo Oral del Circuito Judicial de Barranquilla, que ordenó dar respuesta de fondo al derecho de petición.
Para el Ministerio Público el secretario incurrió en falta grave a título de culpa grave porque al servidor le correspondía garantizar el ejercicio de un derecho constitucional y acatar la decisión judicial.
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