Nueva EPS, bajo intervención, lanzó un alerta máxima por embargos judiciales que superan los $2.1 billones, equivalentes a un mes completo de operación, poniendo en jaque la continuidad de servicios para sus más de 11 millones 700 mil afiliados en todo el país.
La cifra se duplicó desde noviembre de 2025 (de $422.000 a $887.000 millones) y escaló al doble actual: $2.125.890.449.360, bloqueando cuentas bancarias y tesorería, dejando solo giros semanales directos a prestadores.
Embargos concentrados en 95 IPS privadas
Las medidas cautelares provienen de 95 Instituciones Prestadoras de Servicios (IPS), 80% de ellas clínicas privadas líderes del país. Los cuatro juzgados responsables son: Juzgado Primero Civil del Circuito de Florencia (Caquetá), Juzgado Segundo Civil de Florencia, Juzgado Segundo Promiscuo de Puerto Rico (Caquetá) y Juzgado 26 Civil del Circuito de Bogotá.
Nueva EPS ha tomado acciones jurídicas y financieras para desbloquear fondos, incluyendo acercamientos con jueces, pese a que los recursos UPC son inembargables por el artículo 48 constitucional y leyes 1438/2011, 715/2001, más circulares del Ministerio de Salud y Procuraduría.
Riesgo para red nacional de 5.000 prestadores
Sin levantamiento de embargos, la EPS no podrá operar administrativamente, afectando a 5.000 prestadores dependientes y el flujo a IPS y gestores farmacéuticos. La entidad notificó a SuperSalud, MinSalud, ADRES y entes de control para intervenciones urgentes.
Ya regularizaron $700.000 millones en pagos vía conciliaciones, pero el déficit previo y estos embargos agravan la crisis, pese a reiterados llamados para proteger fondos parafiscales esenciales al derecho a la salud.
Nueva EPS urge a autoridades considerar impactos legales y sociales, agotando vías judiciales para salvaguardar el sistema de salud nacional.