Un nuevo y sonado escándalo sacude las esferas del poder en Colombia tras la revelación de una serie de interceptaciones telefónicas que vinculan directamente a Juliana Guerrero —la polémica exaspirante a viceministra de la Juventud— y a su hermana, Verónica Guerrero, en un presunto entramado de gestión de contratos y cobro de sobornos al interior del Gobierno Nacional.
De acuerdo con los audios filtrados a los medios de comunicación, las hermanas Guerrero habrían servido como puente ante empresarios privados interesados en quedarse con millonarias licitaciones públicas. El interés principal de la red criminal se concentraba en dos proyectos clave del Ministerio de Vivienda: la construcción de un acueducto en el departamento del Cesar, tramitado a través del Viceministerio de Agua Potable y Saneamiento Básico, y un macroproyecto de mejoramiento de vivienda en la misma cartera.
En las grabaciones se escucha a Verónica Guerrero dar explicaciones detalladas a los contratistas sobre el avance de las gestiones y justificar los retrasos en las asignaciones presupuestales debido a trámites del Ministerio de Hacienda o a la atención prioritaria del Ejecutivo en zonas críticas como el Catatumbo. Las autoridades investigan si las hermanas exigieron millonarias sumas de dinero a cambio de asegurar que los contratos fueran adjudicados a los empresarios implicados.
Este nuevo frente judicial se suma al proceso penal que ya enfrenta Juliana Guerrero, quien irá a juicio el próximo 5 de agosto por presuntamente haber falsificado sus títulos universitarios de contadora y tecnóloga para intentar acceder a un alto cargo en el Ministerio de la Igualdad.
El pronunciamiento de Gustavo Petro: «Los empresarios corruptos fueron estafados»
Ante el fuerte impacto político del caso, el presidente de la República, Gustavo Petro, se pronunció de manera contundente a través de sus canales oficiales. Lejos de aceptar una infiltración estructural en su administración, el jefe de Estado defendió la robustez de los filtros de su Gobierno y aseguró que la red criminal no logró su cometido debido a los bloqueos internos contra la opacidad contractual.
«El artículo es una buena demostración de barreras funcionando contra la corrupción que la Fiscalía debe investigar. Los empresarios corruptos parece que fueron estafados y el gobierno impidió robar», puntualizó el mandatario.
Petro insinuó además que el entramado falló por la misma acción preventiva del Ejecutivo, utilizando de forma irónica la narrativa de que el «jefe de jefes se tiró los negocios», sugiriendo que las barreras del Estado impidieron el saqueo de los recursos públicos.
Mientras el presidente asegura que las instituciones contuvieron el presunto fraude, sectores de la oposición exigen celeridad a la Fiscalía General de la Nación para determinar hasta dónde llegaban los tentáculos y la influencia real de las hermanas Guerrero en la Casa de Nariño y en los ministerios involucrados.