El presidente Gustavo Petro convocó este domingo a la ciudadanía a movilizarse el próximo jueves 19 de febrero en las plazas públicas de Colombia para defender el decreto del salario mínimo vital, suspendido provisionalmente por el Consejo de Estado en medio de un intenso debate jurídico y económico.
En una alocución televisada, el mandatario rechazó la decisión del magistrado Juan Camilo Morales, quien otorgó ocho días para presentar un decreto transitorio mientras se resuelve el fondo del asunto. Petro argumentó que la sentencia C-815 de 1999 de la Corte Constitucional prioriza «con carácter prevalente» la protección del trabajo y una remuneración mínima vital y móvil, por encima de otros factores.
«Con carácter prevalente, es decir, por encima de las demás, no de manera ponderada e igual entre estos factores», enfatizó el jefe de Estado, citando datos del banco JP Morgan que, según él, desmienten pronósticos de aumento en el desempleo o los precios. «La ruta de solidez del empleo colombiano está abierta, es muy sólida», sostuvo.
Ante esto, Petro anunció que expedirá un nuevo decreto transitorio para mantener el salario vital vigente, mientras se allegan estudios adicionales al despacho judicial. Para ello, convocó a la Comisión de Concertación —con representantes sindicales y empresariales— a reunirse este lunes.
El cierre del mensaje fue un llamado directo a la acción: «Mañana estaremos pendientes de los acontecimientos. Pediremos una aclaración y el jueves los espero en todas las plazas públicas de Colombia. Convoca el Presidente, para defender el salario vital». Petro insistió en que la defensa no solo es jurídica o económica, sino que requiere «la fuerza del pueblo trabajador», y advirtió que las movilizaciones se volverán «mucho más permanentes» para no perder esta «enorme conquista histórica».
La medida ha generado polarización: mientras el Gobierno la presenta como un avance social, sectores empresariales y el Consejo de Estado cuestionan su impacto en la economía. Este jueves podría marcar un hito en la tensión entre Ejecutivo y judiciales por el salario mínimo 2026.