La Procuraduría General de la Nación alertó sobre el deterioro financiero y las persistentes barreras en el acceso a la salud en las EPS Mutual Ser, Emssanar, Proteger EPS —antes Cajacopi— y Nueva EPS, tras una revisión de sus actuaciones de vigilancia preventiva y control de gestión. El Ministerio Público advirtió además posibles faltas disciplinarias de servidores públicos y privados involucrados en la prestación del servicio.
Según el informe, continúan las demoras en citas con especialistas, autorizaciones de servicios y tecnologías, y la entrega de medicamentos, además del aumento de peticiones, quejas, reclamos, tutelas e incidentes de desacato. La Procuraduría señaló que estos problemas estructurales afectan la prestación oportuna y efectiva de la atención.
En el caso de Nueva EPS, la entidad concluyó que persiste un riesgo sistémico y estructural para el derecho a la salud y la sostenibilidad financiera, porque sus estados financieros no tienen dictamen favorable de la revisoría fiscal. Con corte a 2024, reporta pasivos superiores a 22 billones de pesos y pérdidas acumuladas por encima de 11 billones.
La Procuraduría también reportó una alta rotación de agentes especiales interventores en Nueva EPS: cinco en 24 meses. Además, en el primer trimestre de 2026 se registraron 40.668 tutelas, equivalentes al 60% de todas las presentadas en 2023, y 10.031 incidentes de desacato, de los cuales cerca del 36% siguen sin atenderse.
El Ministerio Público incorporó presuntas responsabilidades disciplinarias del Ministerio de Salud y Protección Social, por una posible inactividad en la expedición de directrices para mejorar el flujo de recursos del SGSSS. También señaló falencias de la Superintendencia Nacional de Salud en sus procesos de inspección, vigilancia y control sobre estas aseguradoras y en el seguimiento a los agentes interventores.