Con 62 votos a favor y 9 en contra, el Senado de la República aprobó este martes el proyecto de ley que blinda al país de esta técnica de extracción de hidrocarburos y su uso en yacimientos no convencionales, con el objetivo de proteger el agua, ambiente, la salud, el equilibrio de los ecosistemas y a las comunidades.
Este martes, la plenaria del Senado de la República aprobó, con 62 votos a favor y 9 en contra, el proyecto de ley que prohíbe el fracking y la explotación de hidrocarburos en yacimientos no convencionales (YNC), presentado por el Gobierno del Cambio.
El proyecto aprobado por el Legislativo tiene como objetivo cuidar los recursos hídricos del país, proteger a las especies y garantizar la salud de las comunidades, prohibiendo la explotación de algunos yacimientos no convencionales, como lutitas de petróleo o gas, arenas bituminosas e hidratos de metano.
“Vamos en la mitad del camino. Este proyecto se radicó con las organizaciones sociales y con más de 178.000 firmas de los ciudadanos y el apoyo de 80 congresistas. Es una decisión que va en vía de cerrar la frontera extractivista para que Colombia no se le abra paso a unas prácticas depredadoras, poco eficientes en sacar energía pero que si generaría un conflicto con el agua, es también un trabajo de las comunidades del Magdalena Medio de Puerto Wilches donde iban hacer estos pilotos. Creo que lo que debemos hacer es invertir la energía de todo un país, de los inversionistas nacionales y extranjeros de la ciencia y la tecnología en la salida descarbonizada. Es un paso para apoyar la transición energética justa y enfrentar la crisis climática, aseguró, Susana Muhamad, Mnistra de Ambiente y Desarrollo.
Esta iniciativa, presentada el pasado 11 de agosto del 2022, también fue respaldada por 174.314 colombianos que con su firma avalaron el proyecto de ley contra el fracking.
La aprobación también garantiza que se prohíba la suscripción, adición u otorgación de contratos, concesiones, licencias y permisos ambientales para la exploración.. Además, permitirá la reformulación de la política de transición energética.
