Les formula, por tanto, a las entidades competentes un total de 28 recomendaciones dirigidas a las autoridades competentes, a fin de que
implementen acciones de disuasión de la amenaza, prevención y protección de la
población, fortalecimiento del acceso a la justicia y ejecución de políticas
públicas.
El complejo escenario de riesgo derivado de la ubicación geoestratégica del territorio y la disputa entre actores armados por su control, llevó a la Defensoría del Pueblo a emitir la Alerta Temprana (AT) 016 de 2025 para San Rafael de Lebrija, Papayal, San José de los Chorros y La Tigra, corregimientos del municipio de Rionegro, en el departamento de Santander.
La AT se centra en los tres primeros corregimientos, en el Bajo Rionegro, nodo clave que
conecta el valle medio del río Magdalena con la costa Caribe y el centro del país, facilitado
por una red de vías nacionales y afluentes navegables que sirven para el tránsito de
economías ilícitas. No obstante, la Alerta amplía su alcance preventivo a La Tigra, en la
zona media del nodo.
Escenarios de riesgo
La amenaza se configura en dos escenarios principales: primero, el interés expansivo del
autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), con su Bloque Arístides Meza Páez
y Frente Édgar Madrid Benjumea, que busca consolidar desde el sur de Bolívar y Puerto
Wilches su control sobre el narcotráfico y la extorsión, reactivando corredores que fueron
dominados por el Bloque Central Bolívar de las Autodefensas Unidas de Colombia.
Segundo, la incursión de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN)
desde el sur del Cesar, que desafía la hegemonía del EGC y genera una alta probabilidad
de confrontación armada en medio de la población civil. A esto se suma la preocupación
de las comunidades por una eventual intención del Ejército de Liberación Nacional (ELN)
de realizar tareas de vigilancia en la zona.
La estrategia del EGC es multifacética: busca el dominio de corredores estratégicos para
el narcotráfico, la consolidación de áreas de resguardo para sus mandos y la proyección
de un estatus político en el marco de la ‘Paz Total’. Para lograrlo, ejerce una gobernanza
criminal mediante homicidios selectivos y ejemplarizantes, amenazas, extorsiones a
ganaderos y palmicultores, y un férreo control social sobre las juntas de acción comunal
(JAC), a las que obliga a informar sobre sus actividades.
Ambiente de temor en las comunidades
Lo que está ocurriendo debilita el tejido organizativo y genera un clima de temor que
silencia la acción colectiva. Los grupos armados instrumentalizan las vulnerabilidades
estructurales del territorio, como la ausencia estatal y los conflictos socioambientales,
por la tenencia de los «playones» del río Lebrija, presentándose como mediadores para
afianzar su poder.
El asesinato de los líderes Teófilo Acuña y Jorge Tafur, quienes defendían estas tierras
comunales, es un claro ejemplo del riesgo extremo que enfrentan los liderazgos sociales.
La población civil, y de manera diferenciada ciertos grupos, enfrenta un riesgo acentuado.
Las niñas, los niños, adolescentes y jóvenes (NNAJ) son vulnerables a la utilización,
vinculación y violencia sexual, así como a la instrumentalización para tareas de vigilancia
y al enganche mediante el consumo de sustancias psicoactivas. Lideresas y líderes
sociales, campesinas, campesinos, pescadores hombres, comerciantes y mujeres están
bajo amenaza constante.
Limitaciones de la actuación institucional y acciones a tomar
Las vulnerabilidades se agravan por la precariedad institucional: el acceso a la justicia es
limitado, pues las denuncias deben interponerse en otro departamento; el sistema
educativo presenta graves fallas en infraestructura, transporte y alimentación escolar, lo
que aumenta la deserción, y la falta de saneamiento básico genera graves riesgos para la
salud pública.
Debido a lo que está ocurriendo, la Defensoría del Pueblo les formula un total de 28
recomendaciones dirigidas a las autoridades competentes, a fin de que implementen
acciones de disuasión de la amenaza, prevención y protección de la población,
fortalecimiento del acceso a la justicia y ejecución de políticas públicas. La finalidad:
mitigar las vulnerabilidades sociales perpetúan el conflicto armado en la región.
