Luego de 40 días de reuniones y estudios de las propuestas de los que votaron por el no se llegó aun acuerdo que será revisado por este sector de la población para su aprobación.
Se recibieron más de 500 propuestas de todos los sectores: sociales, religiosos, víctimas, partidos políticos. Se agruparon en 57 temas para la discusión con las FARC.
Todos, absolutamente todos, fueron discutidos a profundidad con las FARC y defendidos por la delegación del gobierno con total lealtad y fidelidad a lo expresado por los diferentes sectores.
Se mantuvo informados permanentemente a los principales voceros del No sobre los avances y dificultades de este ejercicio.
Las últimas 48 horas fueron especialmente intensas. Se trabajó en jornada permanente. Con grandes resultados.
Se lograron precisiones, ajustes y cambios en 56 de los 57 temas abordados.
El Centro Democrático, algunos dirigentes conservadores que votaron No, los partidos de la coalición para la paz, la Iglesia, las Altas Cortes y magistrados, las organizaciones religiosas y sociales, los empresarios, los cientos de miles de jóvenes que se movilizaron, los sindicatos, las comunidades indígenas y afrodescendientes, las víctimas, los militares retirados, los movimientos de mujeres y los que reiteraron su apoyo al acuerdo, todos, aportaron sus ideas y propuestas para ajustar el acuerdo.
Se destaca en el nuevo acuerdo los siguientes cambios:
Las FARC entregaran sus bienes y la plata que tengan disponible para reparar las víctimas.
En el nuevo acuerdo, las FARC tendrán que declarar y entregar todos sus bienes, so pena de perder los beneficios, y se usarán para reparar a las víctimas.
Un reclamo generalizado de los del No y los del Sí era que se definiera en qué consistía la restricción efectiva de la libertad, pues fue criticado como impreciso, eso se logró.
Los espacios concretos en donde deben estar los sancionados durante la ejecución de la pena (que nunca serán más grandes que una Zona Veredal Transitoria de Normalización)
Los horarios en los que deben cumplir las sanciones restaurativas.
Establecer el sitio de residencia durante la ejecución de la sanción.
Imponerles el deber de solicitar autorización para salir de las zonas donde cumplan la sanción y señalar la periodicidad con la que el órgano de verificación debe reportar sobre el cumplimiento de la sanción.
Se estableció además, que el tiempo que pasen en las zonas veredales Transitorias de Normalización, se les tendrá en cuenta como parte de la sanción, siempre y cuando en ese período desarrollen actividades de reparación.
El límite de tiempo a la Jurisdicción Especial de Paz será de hasta por 10 años y sólo podrán recibir solicitudes de investigación durante los 2 primeros años.
También se estableció que las ONG no podrán actuar como fiscales y acusar. Sólo presentar información que será valorada y contrastada por los jueces y magistrados del Tribunal.
No hubiera jueces extranjeros. Todos serán colombianos y tendrán las mismas calidades de los magistrados de nuestras cortes.
Las tutelas contra decisiones de la JEP podrán a ser revisadas.
Se respetará el derecho a la propiedad.
El catastro –fundamental para formalizar la tierra—no modificará por sí mismo los avalúos de las tierras.
No se autorizaran nuevas zonas de reserva campesina, más allá del trámite normal de acuerdo a la legislación vigente que hay sobre estas zonas.
Los que no sean responsables de crímenes graves tienen la posibilidad de obtener la terminación de los procesos que hoy los puedan afectar en la justicia ordinaria.
Ante la preocupación sobre el tratamiento de agentes del Estado en la Justicia Especial de Paz se logró una fórmula que garantiza a los soldados y policías, en servicio activo y retirados, los máximos beneficios, pero con total seguridad jurídica. Esta solución dejó tranquilos a todos. Es lo mínimo que podíamos hacer por ellos y había sido un compromiso personal mío.
El partido que surja de la reincorporación de las FARC NO podrá inscribir candidatos para esos espacios.
De redujo desde el primer año en 30% la financiación al partido de las FARC para que quede en igualdad de condiciones con los demás partidos.
La protesta social debe ser siempre pacífica, y que el Estado tiene la obligación de proteger los derechos de todos los ciudadanos.
Uno de los temas más delicados en todos los acuerdos de paz, es el de la protección de los reincorporados a la vida civil. En Colombia se ha sufrido especialmente ese drama. Por eso en el acuerdo se creó una comisión de protección y garantías de seguridad, en la que tenían participación las FARC.
Sobre la lucha contra el problema de las drogas, el nuevo acuerdo obliga a todos los que se presenten a la Justicia especial de Paz a entregar toda la información relacionada con el narcotráfico de manera exhaustiva y detallada para atribuir responsabilidades. En este tema fue particularmente insistente el ex presidente Pastrana.
Se reiteró y subrayó también que el gobierno mantiene todas las herramientas para la erradicación, incluyendo la fumigación, además de los programas de sustitución para los campesinos.
No habrá formalización de ningún predio en Colombia sin que antes se constate que está libre de la presencia de cultivos ilícitos
Para atacar de manera más efectiva el problema del consumo de drogas, se robusteció el papel de la familia y de los grupos religiosos en la política de prevención y atención a los consumidores.
La idea de incorporar todo el acuerdo al bloque de constitucionalidad generó mucho rechazo en los expresidentes Pastrana y Uribe, en Marta Lucía Ramírez, y en muchos voceros del No y algunos del Sí.
La implementación del acuerdo fue otro tema sobre el que recibimos comentarios y propuestas. A algunos les preocupaba que hubiera una especie de co-gobierno con las FARC para la implementación.
Ha quedado ahora mucho más claro que el gobierno será el único – el ÚNICO— responsable de la implementación. Habrá, eso sí, una comisión que hará seguimiento, impulso y verificación del cumplimiento de los acuerdos.
Una preocupación que compartieron muchos colombianos, y en particular la iglesia y organizaciones religiosas, fue que el acuerdo de paz pudiera contener elementos de la llamada ideología de género y se afectaran los valores de la familia.
Pues bien, ese tema fue revisado con sumo cuidado por la Iglesia Católica, por los pastores cristianos y otros voceros del No.
Se hicieron las modificaciones para garantizar que la llamada ideología de género no está presente – nunca lo estuvo— ni siquiera de manera sugerida.
Lo que sí se dejó claro es que este capítulo busca garantizar que las mujeres, que han sufrido especialmente este terrible conflicto, sean tratadas con prioridad y que sus derechos como víctimas estén totalmente protegidos.
Un punto que reclamaban muchos de los del No era que los jefes guerrilleros no pudieran ser elegidos.
Se espera ahora que los representantes del NO estudien minuciosamente el documento.
