La informalidad laboral, el envejecimiento de la población y el creciente costo fiscal de las pensiones ponen a prueba el futuro de la protección social en Colombia. Especialistas reunidos por CODESS y la Universidad Externado plantearon la necesidad de un acuerdo nacional que garantice estabilidad y sostenibilidad al sistema pensional.
Mientras el país continúa debatiendo el futuro de su sistema pensional, una realidad plantea uno de los mayores desafíos de la seguridad social: apenas uno de cada cuatro colombianos mayores de 60 años cuenta con una pensión, según cifras del Ministerio del Trabajo presentadas durante el seminario Pensiones en Colombia: protección social, riesgo fiscal y los nuevos rumbos de la reforma.
El encuentro, organizado por la Centro de Pensamiento en Seguridad Social (CEPESS), iniciativa conjunta de la Corporación para el desarrollo de la Seguridad Social -CODESS y la Universidad Externado de Colombia, reunió a especialistas, académicos, representantes de los trabajadores y expertos jurídicos para analizar los retos estructurales del sistema.
Las cifras expuestas evidencian la magnitud del problema. Aunque Colombia registra cerca de 27 millones de afiliados al sistema pensional, únicamente 12 millones realizan cotizaciones efectivas. A esto se suma una informalidad laboral del 54,8 % a nivel nacional, que alcanza el 83,1 % en las zonas rurales.
Para Roberto Sierra Manotas, director general de CODESS, el debate debe trascender las discusiones normativas y concentrarse en tres desafíos fundamentales: ampliar la protección económica durante la vejez, garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas y adaptar el sistema a las transformaciones demográficas y laborales del país.
El costo fiscal de las pensiones, una preocupación creciente
Uno de los principales llamados de atención estuvo relacionado con el impacto financiero de la reforma pensional.
Mauricio Olivera, expresidente de Colpensiones, exviceministro de Empleo y Pensiones y actual Vicerrector de la Universidad de los Andes explicó que, aunque el modelo de pilares permite corregir algunas desigualdades del sistema actual, persisten interrogantes sobre su sostenibilidad.
De acuerdo con estimaciones del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF), presentadas durante su intervención, el valor presente de la deuda pensional podría pasar del 100 % al 168 % del PIB hacia el año 2100.
Olivera también advirtió sobre la distribución desigual de los subsidios estatales. Mientras una persona que cotiza sobre un salario mínimo puede recibir un subsidio pensional aproximado de $120 millones, en los niveles más altos de cotización este beneficio puede alcanzar los $950 millones.
El especialista destacó que el nuevo esquema reduce los subsidios destinados a las pensiones más elevadas, pero insistió en la necesidad de evaluar sus consecuencias fiscales de largo plazo.
Informalidad y envejecimiento: dos amenazas para el sistema
La sostenibilidad pensional no depende exclusivamente de las reformas legales. También está estrechamente relacionada con la capacidad del mercado laboral para generar empleos formales y mantener cotizaciones constantes.
Durante el seminario se advirtió que cerca de la mitad de los trabajadores colombianos percibe ingresos inferiores al salario mínimo, una situación que dificulta su vinculación efectiva al sistema contributivo.
A este panorama se suma la acelerada reducción de la natalidad. En Bogotá, por ejemplo, la tasa de fecundidad ha descendido a 0,9 hijos por mujer, muy por debajo del nivel de reemplazo poblacional de 2,1.
Esta transformación demográfica plantea un desafío adicional: en las próximas décadas habrá proporcionalmente menos trabajadores jóvenes para contribuir al financiamiento de las pensiones de una población que vivirá más años.
Desde la perspectiva de los trabajadores, el Director del Departamento SS de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Audy Ruiz, insistió en que ninguna reforma será suficiente si no se acompaña de políticas de formalización laboral, estabilidad contractual y trabajo decente.
La reforma también enfrenta desafíos institucionales
La integrante de la junta directiva de Colpensiones, Diana Margarita Ojeda, señaló que la implementación de la reforma requiere una profunda modernización tecnológica y administrativa, especialmente por el volumen de afiliados que deberá atender el régimen público.
Por su parte, la abogada laboralista de Scola Abogados,Diana Milena Bolívar, advirtió que los constantes cambios normativos y las controversias jurídicas generan incertidumbre entre los ciudadanos, particularmente entre las nuevas generaciones, cuya confianza en el sistema pensional se ha debilitado.
Otro de los aspectos abordados fue la evasión de aportes a la seguridad social. Jorge Mario Campillo, Director de Parafiscales de la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales (UGPP), explicó que, mediante el fortalecimiento de los mecanismos de fiscalización y el cruce de información, la entidad logró reducir significativamente la evasión, aunque esta continúa representando pérdidas de entre $8 y $9 billones anuales para el sistema de protección social.
Un acuerdo nacional para garantizar las pensiones
Entre las propuestas planteadas por los expertos sobresalió la construcción de un gran acuerdo nacional sobre pensiones, inspirado en el denominado Pacto de Toledo de España.
La iniciativa busca reunir a empresarios, trabajadores, partidos políticos, academia y representantes del Estado alrededor de una hoja de ruta que permita establecer reglas estables, más allá de los cambios de gobierno y las controversias políticas.
También se planteó la conveniencia de estudiar mecanismos de ajuste gradual del sistema, teniendo en cuenta la evolución de la esperanza de vida, la natalidad y las condiciones del mercado laboral.
En las conclusiones del encuentro, John Marulanda, asesor de investigaciones de CODESS y CEPESS, destacó que la protección social y la sostenibilidad fiscal no deben entenderse como objetivos contrapuestos, sino como condiciones complementarias para garantizar el futuro del sistema.
El principal mensaje del seminario fue que Colombia necesita avanzar de las reformas normativas hacia soluciones efectivas que amplíen la cobertura, fortalezcan la confianza ciudadana y aseguren la protección económica de las próximas generaciones.








