En Colombia tenemos un dicho sabio sobre propuestas que deslumbran, pero que esconden una trampa: “son un dulce envenenado”. Así luce la más reciente jugada del Gobierno con la entrega de tierras a campesinos; un objetivo necesario, perohacerlo mediante vericuetos jurídicos y predios emproblemados es un engaño.
Para entender el veneno hay que volver a 2024. La Agencia Nacional de Tierras (ANT) comprometió$2.3 billones para comprar predios a la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y al Fondo de Reparaciónde Víctimas.
La Contraloría detectó sobrecostos en los valorescatastrales y, como si fuera poco, compraronpredios improductivos o metidos en parques nacionales, reservas protegidas y en zonas de explotación de hidrocarburos.
En 2025 las alertas aumentaron. La ANT gastó casi un billón de pesos en 537 predios de la SAE, pero sólo tres tenían registro de instrumentos públicos a favor de la Nación y por ello los únicos que podían ser integrados al inventario del Fondo de Tierras para la Reforma Rural Integral. Una de las razones para justificar que solo tres predios contaban con lasformalidades jurídicas, es la demora en elsaneamiento en su titularidad.
Como “solución”, el Gobierno cambió las reglas del juego a la fuerza, expidiendo el Decreto 0765 de 2026 dándole superpoderes a la ANT que ahora puede cancelar embargos, hipotecas y medidas cautelares –incluso dictadas por jueces – para que el registrador las borre de un plumazo en un “mismo turno”, sin decisión judicial.
Hoy, la ANT toma posesión del predio “sin que se requiera entrega física o material” o puede comprarlo sin “avalúo comercial vigente”. El decreto permite que, con una promesa de compraventa y acta de entrega, la ANT solicite la inscripción con un código registral especial que ya creo la Supernotariado, y finalmente autoriza la “posesión inmediata” sin entrega física, y cuando lo hace, hasta el comodato les sirve.
Cuando una norma acelera la incorporación de predios con situaciones jurídicas, físicas ocatastrales complejas, el riesgo es convertir el saneamiento en una ficción: el papel avanza más rápido que la realidad, y en tierras esa distancia sepaga caro, con litigios, ocupaciones conflictivas, doble expectativa de derechos, incertidumbre para terceros de buena fe, afectación de acreedores, tensión con víctimas y pérdida de valor económico de los activos rurales.
Una política de tierras no se mide sólo por las hectáreas anunciadas, sino por las entregadas jurídicamente limpias, productivamente viables y socialmente sostenibles. La tierra mal saneada es un dulce envenenado que no pacifica; judicializa.
@clorduy
