En un balance detallado sobre los avances logrados en los últimos tres años y medio, la Unidad de Restitución de Tierras (URT) reportó una transformación sin precedentes en la atención a las víctimas del conflicto armado en Colombia. Aura Bolívar, subdirectora de la entidad, entregó cifras históricas que evidencian un cambio de enfoque en la política pública, destacando el paso de una mayoría de rechazos a un 72% de decisiones favorables para los solicitantes en su fase inicial.
De la negación a la garantía de derechos: Un cambio del 35% al 72%
Según Bolívar, al inicio del actual gobierno en agosto de 2022, el panorama para las víctimas era desalentador. En la primera fase del proceso (la inscripción en el registro), el 65% de las decisiones de la URT eran negativas, cerrando la puerta a la fase judicial.
Tras una serie de ajustes institucionales que incluyeron la creación de nuevos perfiles jurídicos y catastrales, y la conformación de una mesa de revisión de decisiones históricas, la tendencia se revirtió drásticamente.
«Logramos pasar del 35% de inclusiones a un 72% de inclusiones. […] No solo logramos revertir la tendencia en términos porcentuales, sino que logramos el mayor número de decisiones de inclusión en toda la vigencia de la ley», afirmó Bolívar.
Con 15.120 inscripciones al día de hoy, la actual administración superó las cifras de los dos periodos de Juan Manuel Santos y el cuatrienio de Iván Duque, impactando directamente a poblaciones vulnerables como mujeres, adultos mayores, comunidad LGBTIQ+ y víctimas en el exterior.
Reivindicación de los pueblos étnicos y la «Ruta Campesina»
El informe de la subdirectora también destacó avances fundamentales en el reconocimiento de los sujetos colectivos. Bolívar señaló que al llegar a la URT, el rezago institucional con las comunidades indígenas y afrodescendientes era «gigantísimo».
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Pueblos Étnicos: Tras fortalecer las direcciones territoriales, el 61% de las inscripciones de territorios étnicos y el 61% de las demandas en sede judicial de los últimos 14 años se lograron en el actual periodo de gobierno.
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Sujeto Campesino: La URT se adelantó al Acto Legislativo de 2023 al crear, en diciembre de 2022, la ruta colectiva y campesina. Actualmente, esta ruta avanza con 69 casos en trámite, 26 en levantamiento de pruebas y 17 en fase de demanda, impactando a más de 1.900 solicitantes individuales mediante la acumulación de casos.
Control estricto contra falsas víctimas: «Una política de ponerse las botas»
Ante la preocupación ciudadana por individuos que intentan hacerse pasar por víctimas para obtener beneficios del Estado, la subdirectora fue enfática en la rigurosidad de la etapa administrativa.
Para evitar fraudes, la URT cruza las declaraciones de los solicitantes con bases de datos de la Defensoría del Pueblo, la Vicepresidencia y reportes de prensa local. Además, el trabajo se concentra en el terreno:
«Hacemos trabajo comunitario con los vecinos para hacer actas de colindancia en territorio. Toda esta prueba es en campo, por eso decimos que esta política es una política de ponerse las botas», explicó Bolívar, reiterando el apoyo de la entidad a la creación de una jurisdicción agraria que opere directamente desde los territorios.
Tecnología para desenredar 440.000 órdenes judiciales
Finalmente, la funcionaria reveló un avance histórico en términos de cumplimiento. Tras casi 15 años de la Ley de Víctimas, la URT desarrolló por primera vez una herramienta tecnológica articulada para hacer seguimiento a más de 440.000 órdenes judiciales contenidas en más de 11.000 sentencias, las cuales involucran a cerca de 1.200 entidades nacionales y territoriales.
Se estima que, tan solo en la ruta individual, las sentencias han impactado a más de 50.000 personas, una cifra que se multiplica exponencialmente al sumar los logros de las 62 sentencias colectivas emitidas en favor de comunidades enteras.