El presidente electo solicitó vigilancia preventiva sobre contratos que superan los $78.000 millones, nombramientos provisionales y procesos de adquisición de bienes para garantizar transparencia durante la transición de gobierno.
El presidente electo Abelardo De La Espriella ordenó al ministro del Interior designado, Rodrigo Lara Restrepo, presentar una solicitud formal ante el procurador general de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco, para que la Procuraduría ejerza vigilancia preventiva sobre varios procesos que adelanta la Unidad Nacional de Protección (UNP), al considerar que comprometen la seguridad del Estado, la protección de derechos fundamentales y el adecuado manejo de los recursos públicos.
La principal preocupación del Gobierno electo se centra en el proceso de Selección Abreviada PSA-UNP-054-2026, cuyo presupuesto supera los $78.000 millones, destinado a contratar el servicio de escoltas para las zonas de protección que incluyen al presidente de la República y a los integrantes del nuevo gabinete ministerial.
Según el comunicado, la adjudicación del contrato está prevista antes del cambio de Gobierno, lo que, a juicio de la administración entrante, impediría revisar los perfiles, la experiencia y la idoneidad del personal que asumirá la protección del mandatario y sus ministros. Por ello, solicitó a la Procuraduría evaluar la posibilidad de recomendar o solicitar la suspensión preventiva del proceso hasta que el nuevo Gobierno pueda participar en su revisión.
La petición también incluye vigilancia preventiva sobre el proceso mediante el cual la UNP proyecta proveer más de 5.100 cargos de Oficiales de Protección en provisionalidad, pese a que cerca de 900 vacantes fueron convocadas mediante concurso de méritos.
Asimismo, el Gobierno electo pidió revisar el proceso contractual SC-UNP-050-2026, con el que la entidad busca adquirir 188 botes y 264 motores fuera de borda para 29 municipios de nueve departamentos. La solicitud plantea verificar la planeación del contrato, las especificaciones técnicas, los tiempos de ejecución, el cumplimiento de las normas de seguridad y las condiciones de pluralidad de oferentes.
De igual forma, la comunicación remitida al Ministerio Público solicita ejercer vigilancia preventiva sobre seis procesos de contratación iniciados en julio de 2026 para la adquisición de bienes destinados a medidas colectivas de protección en resguardos indígenas. El Gobierno electo considera necesario revisar si las necesidades que originaron estas contrataciones están debidamente sustentadas y si era posible consolidarlas en un solo proceso para optimizar el uso de los recursos públicos.
De La Espriella sostiene que la transición entre gobiernos debe desarrollarse con pleno respeto por las instituciones y bajo los más altos estándares de legalidad y responsabilidad administrativa. En ese sentido, argumenta que la intervención preventiva de la Procuraduría contribuiría a fortalecer la confianza institucional, proteger la seguridad de las personas amparadas por la UNP y garantizar que las decisiones se adopten conforme a la Constitución y la ley.