La Procuraduría General de la Nación en los dos meses de emergencia sanitaria por el covid-19 ha priorizado 2.562 actuaciones, de las cuales 1.563 corresponden a acciones preventivas dirigidas a evitar la vulneración de los derechos de los ciudadanos, hechos de corrupción o mal uso de los recursos públicos, en especial los destinados para ayudas humanitarias.
El órgano de control tramita 999 procesos disciplinarios, de los cuales en 512 se ha tomado una decisión procesal y en otros 487 se avanza en el estudio preliminar de los hechos. Para el pasado 24 de abril, la Procuraduría, como parte del programa ´Transparencia para la emergencia´, había iniciado 123 expedientes disciplinarios.
De los 512 procesos disciplinarios, 68 tienen relación con 26 gobernaciones. 53 están en indagación, 12 en investigación y 3 en juicio disciplinario.
Chocó es el departamento con más investigaciones, 3 en total. Vaupés con 7 y Magdalena y Nariño, cada uno con 5, son las administraciones departamentales con más indagaciones.
El 70% de estos procesos disciplinarios, 364 en total, corresponden a casos en 272 alcaldías del país. De estos 336 se encuentran en indagación preliminar, 20 en investigación y en 8 hay citación a juicio disciplinario o ya comenzó la audiencia de juzgamiento disciplinario, como ocurre con los alcaldes de Armenia, Quindío; Guaduas, Cundinamarca, y El Socorro, Santander.
Por regiones, en la Caribe se adelantan 106 procesos en 81 municipios, en la Pacífico 48 en 34 municipios, en la Andina 188 en 139 municipios, en la Orinoquía 17 procesos en 13 municipios, y en la Amazonía 5 procesos en 5 municipios.
Así mismo, se tramitan 80 procesos disciplinarios en 61 entidades, de los cuales 71 están en indagación, 8 en investigación y se formuló pliego de cargos contra el gerente del Hospital Erasmo Meoz de Cúcuta, José Agustín Ramírez Montoya.
De estos procesos, 29 corresponden a hospitales, 17 a entidades del orden nacional, 16 del orden territorial, 8 a concejos municipales, 6 a establecimientos penitenciarios y carcelarios, 3 a personerías y una comisaría.
ACCIONES CONJUNTAS
Como parte del trabajo conjunto del programa ´Transparencia para la Emergencia`, para el caso de la alcaldía de Malambo
MALAMBO
La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria y suspendió provisionalmente por tres meses, al alcalde de Malambo (Atlántico), Rummenigge Monsalve Álvarez, por presuntas irregularidades en la suscripción y ejecución del Contrato 001 de 2020, con la Fundación Lirio de los Valles, por $4.000 millones de pesos, para adquirir kits de mercados para la población vulnerable del municipio, con ocasión a la emergencia generada por el covid-19.
También se abrió investigación contra Doris Emilse Monsalve Parra, profesional universitaria adscrita al despacho del alcalde, en el Área de Programas Sociales, quien figura como supervisora de la entrega de 80.000 mercados a la población vulnerable del municipio.
La Procuraduría busca establecer si se presentó celebración de contratos sin el lleno de los requisitos legales y con personas jurídicas que no contarían con capacidad logística, jurídica y financiera; si hubo deficiencias en la determinación del valor de los ítems de las ayudas humanitarias y el número de hogares que podrían ser beneficiarios, que según el DANE llegan a 30.211, y si se presentó un inadecuado y deficiente seguimiento y control a la entrega de los víveres y a la inversión de los recursos públicos.
GOBERNACIÓN ATLÁNTICO
La Procuraduría abrió investigación disciplinaria al secretario General del Gobernación de Atlántico, Raúl José Lacouture Daza, por presuntas irregularidades en el uso de los recursos destinados a atender las necesidades de la población afectada por la pandemia del covid-19.
Se investiga la suscripción y ejecución de dos contratos, uno por $19.300 millones con la empresa Tradign Group International S.A.S., para la entrega de 4200 mercados, y otro por $1.377.600.000 con el contratista TRI FIT S.A., para la prestación del servicio de transporte de una bodega en Barranquilla, hacia los municipios, corregimientos y veredas del departamento.
Se busca establecer si se vulneraron los principios y normas que regulan la contratación estatal y el deber de selección objetiva, en concordancia con los de eficiencia, moralidad y respeto por el patrimonio público.
REGION CARIBE:
SINCELEJO
La Procuraduría citó a juicio disciplinario al alcalde de Sincelejo, Andrés Eduardo Gómez Martínez; a la Jefe la Oficina Asesora Jurídica, Katiusca Margarita Fernández Castillo; a la directora Técnica de Gestión Contractual de la alcaldía, Andrea Tulia Gutiérrez Ahumada, y al secretario de Desarrollo Económico, Leonardo Beltrán Pinto, por presuntas irregularidades alrededor de los contratos N° 003 y 004 de 2020, cada uno por $1.999´950.000, cuyo objeto fue suministro de kits alimentarios para la población vulnerable del municipio de Sincelejo, afectada por la emergencia sanitaria por la pandemia del covid-19.
El alcalde y los tres funcionarios deberán responder en audiencia de juzgamiento disciplinario por la participación relevante, que tuvieron en el trámite precontractual y contractual de los contratos suscritos con las sociedades Abastos y Fruver El Paraíso S.A.S., y Surtivíveres Comercializadora y Distribuidora S.A.S., a las que tres días después de la firma del contrato se les aprobó la entrega de un anticipo del 50% ($999.975.000), que debía ser destinado en su totalidad para la compra de los productos.
Se les cuestiona que con la firma de los dos contratos se habría podido incurrir en detrimento del patrimonio público, que superaría los $900 millones, y un posible desconocimiento de los principios de planeación, eficiencia, responsabilidad, economía y moralidad que rigen la contratación estatal y la función administrativa.
COVEÑAS
La Procuraduría citó a juicio disciplinario al alcalde de Coveñas, Rafael Antonio Ospina Toscano, y al secretario de Planeación, Obras Públicas y Saneamiento Básico, Fabio Enrique Maestre Machado, por presuntas irregularidades y sobrecostos en el Contrato de Suministro No. CP-COV-001-2020 con la Fundación Servicios y Consultorías Caribe -FUNCARSERVICIOS – para la entrega de ayuda humanitaria alimentaria y no alimentaria de emergencia, para atender la calamidad publica por el COVID-19, representada en 6.000 kits de alimentos y otros 6.000 de aseo, por un valor de $1.206 millones.
Se investiga la idoneidad para contratar con una fundación que tiene su sede en otro departamento y que tuvo que adquirir con un proveedor mayorista los productos incluidos en los kits y si los precios unitarios de los productos que componían los kits de alimentos y aseo, así como el del transporte fueron modificados al arbitrio de la fundación contratista, sin que existiera una justificación valedera o económicamente razonable, lo que habría sido avalado por los funcionarios, en lo que sería un caso, además, de presunta negligencia, con actuaciones precipitadas y carentes de cuidado.
GOBERNACIÓN CESAR
La Procuraduría abrió investigación y suspendió provisionalmente, por tres meses, a la secretaria General de la Gobernación de Cesar, Lorena Paola Hernández Dangond, y a la jefe de la Oficina de Riesgo y Cambio Climático, María José Páez Díaz, por presuntas irregularidades en la celebración y ejecución de cinco contratos por más de $2.600 millones de pesos, con las fundaciones Visión Caribe, para el Desarrollo Social de los Colombianos, por un Vivir Mejor y Abiezer del Cesar, para la entrega de 20.900 kits de mercados para la población vulnerable de los municipios de Chimichagua, Becerril, El Paso y Valledupar.
Se investiga la existencia de presuntas faltas disciplinarias relacionadas con supuestos sobrecostos en la adquisición de los mercados, e irregularidades relacionadas con la capacidad e idoneidad de los contratistas, la determinación del valor de los bienes y servicios contratados en razón al número de destinatarios, precio y ubicación geográfica de los proveedores, y los criterios empleados por la administración para comparar las propuestas y ofrecimientos prestados, una presunta ausencia de trazabilidad en las actuaciones contractuales.
Con esta suscripción del contrato pude haberse desconocido los principios de planeación y de responsabilidad que reglan la contratación estatal.
ALCALDE SANTA ANA – MAGDALENA
Se abrió investigación al alcalde de Santa Ana, Magdalena, Wuillman Bermúdez Silvera, y a los concejales del municipio, Yeselis Martínez Arévalo y Lenys Jiménez Medina, por presuntas irregularidades relacionadas con la entrega de las ayudas humanitarias provenientes del Gobierno Nacional a población vulnerable, el pasado 22 de abril.
Se investiga si el alcalde Bermúdez Silvera permitió que los dos concejales intervinieran en la entrega de las ayudas, mientras que en el caso de los cabildantes Martínez Arévalo y Jiménez Medina se busca establecer si utilizaron esa actividad para beneficiarse políticamente.
DECISIONES ANTERIORES ÚLTIMA SEMANA QUE TOCAN LA REGION CARIBE
TIERRA ALTA CORDOBA
Al alcalde Tierralta, Córdoba, Daniel Enrique Montero Montes, y del secretario de Gobierno, Loyar Manuel Pineda Delgado, se les abrió investigación y se les suspendió provisionalmente por tres meses, por presuntos sobrecostos en un contrato por $750 millones para la adquisición de mercados para atender la emergencia sanitaria.
CERETÉ, CÓRDOBA
Al alcalde de Cereté, Córdoba, Luis Antonio Rhenals Otero, y al Secretario de Desarrollo e Inclusión Social, Juan Felipe Angulo Eljach, se les abrió investigación y se les suspendió provisionalmente, por tres meses, por presuntos sobrecostos en la compra de 20 mil mercados por $500 millones, destinados a familias vulnerables del municipio.
SUCRE, SUCRE
A la alcaldesa de Sucre, Sucre, se le abrió investigación disciplinaria y se suspendió provisionalmente, por tres meses, por presunta omisión al cumplimiento de la orden presidencial de confinamiento obligatorio con el fin de evitar la propagación del covid-19.