La Agencia Nacional de Minería (ANM) rechazó este miércoles las acusaciones que la responsabilizan por las actividades ilícitas reportadas en la mina La Mandinga, en Cáceres (Antioquia), y reveló que solicitó acciones inmediatas a las autoridades locales desde octubre de 2025.
La entidad aclaró que el 10 de octubre de 2025 pidió formalmente a la Alcaldía de Cáceres activar el amparo administrativo ante la presunta ocupación ilegal del área minera por terceros. Según el Código de Minas, corresponde a las autoridades locales y policivas verificar los hechos, suspender actividades no autorizadas y actuar con celeridad en zonas tituladas.
El título minero de formalización, que sigue vigente, se ubica a unos cinco kilómetros por carretera del Batallón Rifles, una zona donde medios de comunicación han reportado extracción ilícita de minerales. La ANM enfatizó que sus alertas oportunas cumplen con sus competencias, pero urgió mayor articulación institucional para combatir las economías criminales.
“La lucha contra la extracción ilícita no se combate abandonando los territorios ni persiguiendo a los pequeños mineros que buscan entrar a la legalidad. Se combate fortaleciendo la formalización, la presencia institucional y la articulación entre autoridades para cerrarles el paso a las economías criminales”, afirmó la Agencia en su comunicado.
Ante los recientes hechos divulgados, la ANM trasladará el expediente desde su Punto de Atención Regional a la sede central en Bogotá para evaluar nuevas medidas y reforzar el seguimiento. La entidad destacó que los títulos de formalización permiten control institucional, exigencias ambientales y técnicas, y trazabilidad en la explotación mineral.
El Gobierno Nacional reafirmó su compromiso con una minería legal, transparente y responsable, que proteja el medio ambiente, ordene el territorio y convierta la riqueza mineral en bienestar para las comunidades, sin fortalecer estructuras ilegales.