El proyecto propone crear un Fondo Nacional de Bioeconomía y destinar al menos el 30 % de sus recursos a empresas de base comunitaria.
El senador Camilo Torres Villalba radicó en el Senado de la República un proyecto de ley que busca transformar la riqueza biológica de Colombia y sus capacidades científicas en empleo, empresas e ingresos para las regiones. La iniciativa plantea establecer una política de Estado de Bioeconomía que dé continuidad al apoyo a estas actividades y vincule su desarrollo con la conservación del patrimonio natural, a través de la economía circular.
La propuesta se basa en el aprovechamiento sostenible de los recursos biológicos renovables, como plantas y microorganismos; la biomasa residual, que incluye restos de cosechas y subproductos agroindustriales y el conocimiento científico, tecnológico y tradicional asociado a ellos. La transformación de estos recursos, mediante la aplicación de ese conocimiento, permite desarrollar alimentos, bioinsumos agrícolas, medicamentos de origen biológico, cosméticos, materiales y energía, diversificando la producción y generando bienes de mayor valor agregado.
“La bioeconomía es una estrategia de desarrollo productivo basada en el aprovechamiento sostenible de los recursos biológicos renovables y la biomasa residual, que incorpora ciencia, tecnología, innovación y conocimientos tradicionales, y aunque en el país se han registrado avances en esta materia, estos se han desarrollado de manera dispersa”, explicó Torres Villalba.
Para respaldar ese proceso, la iniciativa contempla un Fondo Nacional de Bioeconomía que financiaría capital semilla, investigación aplicada, asistencia técnica e infraestructura. También propone líneas de crédito especializadas mediante Finagro y Bancóldex, incentivos a la inversión y formación técnica y tecnológica. Los aportes del presupuesto nacional al fondo estarían sujetos a disponibilidad fiscal.
“Las comunidades deben participar como productoras, emprendedoras y socias de este desarrollo. Por eso proponemos que al menos el 30 % de los recursos del fondo se destinen a bioempresas comunitarias, que se protejan los saberes tradicionales y que su aprovechamiento comercial tenga acuerdos justos de distribución de beneficios. Todo ello debe respetar la capacidad de los ecosistemas para conservarse y regenerarse”, puntualizó el senador.
Entre los sectores priorizados también figuran la pesca sostenible, la acuicultura y el turismo de naturaleza, que vinculan el desarrollo productivo con las características de cada región. La iniciativa también prevé informes anuales al Congreso para evaluar su implementación y sus resultados económicos, sociales y ambientales.