El Ministerio de Relaciones Exteriores precisa que la designación de la Cónsul General de Colombia en Tijuana se realizó mediante decreto presidencial del 20 de enero de 2026.
En desarrollo de su deber institucional de proteger los recursos públicos y garantizar el cumplimiento de los principios que rigen la función administrativa, el Ministerio de Relaciones Exteriores puso en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General de la Nación las actuaciones relacionadas con la apertura, instalación y puesta en funcionamiento del Consulado de Colombia en Tijuana.
La comunicación remitida a estas autoridades recoge, entre otros aspectos, las actuaciones adelantadas por las dependencias administrativas de la Cancillería, el proceso de selección del inmueble y las obligaciones derivadas de los contratos suscritos para la adecuación y operación de la futura sede.
La comunicación también precisa que, a la fecha de su elaboración, no se había asignado una partida presupuestal asociada a la apertura de esta sede, y solicita a las autoridades competentes adelantar las verificaciones e investigaciones que consideren procedentes para determinar si existe alguna conducta penalmente relevante y, de ser el caso, establecer las responsabilidades individuales correspondientes.
Esta actuación no constituye una imputación anticipada de responsabilidad contra ninguna persona. Corresponde a las autoridades competentes, dentro de sus funciones constitucionales y legales, determinar los hechos y establecer las eventuales responsabilidades a partir de las pruebas que sean recaudadas. Transparencia y defensa de los recursos públicos
El Ministerio de Relaciones Exteriores considera fundamental diferenciar entre la designación administrativa de una autoridad consular y la culminación del proceso necesario para habilitar físicamente una nueva sede.
La existencia de una Cónsul designada no significa, por sí misma, que todas las etapas administrativas, presupuestales, contractuales y operativas requeridas para la apertura de una oficina consular hayan culminado.
Precisamente por tratarse de recursos públicos y de una actuación que involucra diferentes componentes administrativos, el actual Gobierno ha considerado necesario que los organismos de control conozcan de primera mano las actuaciones adelantadas y determinen, con independencia, si alguna de ellas debe ser objeto de investigación.
La Cancillería reitera que no tiene nada que ocultar y que toda actuación relacionada con la apertura del Consulado de Colombia en Tijuana debe desarrollarse bajo los principios de legalidad, transparencia, responsabilidad fiscal, planeación y defensa del patrimonio público.
El Ministerio continuará colaborando con la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General de la Nación y entregará la información que sea requerida dentro de las actuaciones que adelanten.
La apertura de la sede requirió un proceso administrativo La designación de la Cónsul General de Colombia en Tijuana es un acto administrativo formal y plenamente identificable. Mediante el Decreto 0033 del 20 de enero de 2026 se designó en provisionalidad a Maryory Ecineth Pabón Gavilán en el cargo de Ministro Consejero, adscrita al Consulado de Colombia en Tijuana.
La apertura de una nueva oficina consular implica actuaciones administrativas, presupuestales, contractuales, inmobiliarias, tecnológicas y operativas que deben surtirse antes de su puesta en funcionamiento.
En este caso, las actuaciones para la apertura del Consulado de Colombia en Tijuana comenzaron antes de la designación de la Cónsul y han involucrado a distintas dependencias de la Cancillería.
El Comité para Asuntos de Inmuebles en el Exterior analizó seis alternativas de sede, teniendo en cuenta criterios como ubicación, área, accesibilidad, seguridad, costos de arrendamiento, adecuaciones requeridas y condiciones contractuales.
Paralelamente, se adelantaron actuaciones relacionadas con la creación de la sede en los sistemas institucionales, la apertura de cuentas bancarias y la identificación de las necesidades de mobiliario, equipos y demás elementos requeridos para la operación de la oficina consular.
La prioridad del Gobierno de Colombia es garantizar una presencia consular efectiva, transparente y al servicio de los colombianos en el exterior, al tiempo que protege rigurosamente los recursos públicos y fortalece la institucionalidad del Estado.