A lo largo del país se encontraron distintas modalidades de corrupción electoral, llegándose al extremo de subordinar bajo promesas y pagos a “electores” reclutados indignamente entre poblaciones vulnerables, con bajo nivel de escolaridad e inclusive caracterizadas condiciones de marginalidad y pobreza absoluta. “Se trata de una forma de dominación inaceptable en pleno siglo XXI” afirma el Fiscal General.
Como resultado de las investigaciones adelantadas por la Fiscalía para garantizar la transparencia e integridad de las recientes elecciones al Congreso de la República, se encontraron serias irregularidades en distintas regiones del país.
Entre los capturados se encuentran funcionarios de diferente nivel y se logró la identificación de más de dos mil (2.000) intermediarios que habrían favorecido a candidatos al Congreso.
En todos los casos, los fiscales y los investigadores ponen al descubierto complejos entramados de corrupción creados con el propósito de alterar el proceso democrático.
- OPERACIÓN “CASA BLANCA” DE BARRANQUILLA: SE TRATA DE UNA EMPRESA CRIMINAL
Hoy se presenta la segunda fase de la “Operación Casa Blanca” en la que se descubrió una red de compra de votos para favorecer a la candidata Aida Merlano, en la ciudad de Barranquilla y otras ciudades del Atlántico.
Gracias al trabajo de más de 50 investigadores de la Fiscalía y de más de 2.112 horas de video y audios recaudados, se pudo establecer que, en realidad, se trataba de una organización delictiva que operaba como una empresa al servicio de campañas políticas. Las evidencias recaudadas mostrarían que dicha organización operó desde 2015 durante las elecciones regionales y locales y actuó a fondo en el 2018, para los comicios al Congreso de la República. Audios obtenidos en el proceso dan cuenta que sus gestores manifestaban que para la próxima campaña irían a estar mejor porque iban a trabajar con un nuevo “sistema”.
La organización funcionaba al servicio de candidaturas que eran apoyadas por un grupo de dirigentes políticos regionales que, a su vez, contactaban líderes encargados de reclutar electores de sus mercados cautivos. Tales electores recibían dinero a cambio de su voto, como si se tratara de una mercancía, a partir de fuentes de financiación ilícitas.
Casa Blanca en el 2018
Para las elecciones de Congreso en el 2018, esta organización criminal funcionó al servicio de otras campañas electorales y no solamente atendió a la senadora electa Aída Merlano. Las pruebas muestran que Casa Blanca también funcionó a favor de la candidata Lilibeth Llinás (número 107 en el tarjetón de su partido para la Cámara de Representantes por el Atlántico), quien no fue elegida.
La organización delictiva, organizada como “Personal de trabajo para el debate”, tenía roles diferenciados, así:
- Administradores: encargados del manejo de los recursos logísticos y financieros.
- Punteadores: encargados de revisar listas de líderes y votantes reclutados, así como los certificados electorales y contraseñas con códigos de barras.
- Pagadores: encargados de entregar contraseñas en la casa de los líderes.
- Coordinadores: entregaban contraseñas en casas de apoyo.
- Didactas: encargados de enseñar a votar en los tarjetones y se desempeñaban también como testigos electorales
Cada líder estaba encargado de llevar a un centro de operaciones (casa de apoyo) un grupo de personas con un talonario en el que marcaba a los votantes, con fotocopia de la cédula y la huella. Todos se identificaban con corazones de colores. Allí, los punteros verificaban huellas y cédulas de los electores y hacían un proceso completo de capacitación para garantizar que el voto se marcara de forma correcta.
Para el día de elecciones arrendaron 187 terrazas. Antes de ir a las urnas, allí llegaban los votantes a presentarse. A esos sitios tenían que volver con el certificado electoral y los líderes recibían el dinero correspondiente a cada voto, para su entrega a los electores.
Según las entrevistas practicadas y los videos en poder de la Fiscalía, los electores correspondían, por lo general, a personas de bajos recursos y poca escolaridad. También se reclutaba adultos mayores quienes debían entrar a los puestos de votación acompañados de niños para garantizar la exactitud del voto por el candidato indicado.
La estructura habría estado conformada por los siguientes dirigentes, servidores y exservidores públicos de elección popular, así:
Candidatos al Congreso: Aida Merlano y Lilibeth Llinás
Dirigentes políticos regionales:
Jorge Rangel, Diputado del departamento del Atlántico
Margarita Balén, Diputada del departamento del Atlántico
Juan Carlos Zamora, Concejal del distrito de Barranquilla
Aissar Castro Bravo, Concejal del distrito de Barranquilla
Aissar Castro Reyes, exconcejal y padre del concejal Castro Bravo
Vicente Támara, exConcejal del municipio de Soledad
Líderes: Según lo evidenciado por la Fiscalía, la organización contaba con 2.323 líderes barriales y locales que habrían servido como mercaderes de grupos de electores en varias zonas. Estos se habrían encargado de la venta de “paquetes de votantes” para los candidatos., lo que constituye un delito nuevo.
Financiación de la empresa criminal
La red contaba con al menos dos fuentes de financiación: una pública y una privada, lo que pone en evidencia que este fenómeno de corrupción electoral constituye un problema sistémico.
En la pública, habrían existido contratos de prestación de servicios con entidades de la región, cuyos beneficiarios eran personas que trabajaban para la “Casa Blanca”.
En la privada, se identificaron cientos de cheques provenientes de varios particulares, que fueron cobrados por personas pertenecientes a la empresa criminal. Uno de ellos, Edwin Rafael Martínez Salas, ya capturado, quien durante el mes de febrero de 2018 cobró veintiún (21) cheques que superaron los mil millones de pesos ($1.000’000.000). Otro particular, por ejemplo, en un mismo día cobró en efectivo cheques por una cifra que superó los quinientos millones de pesos ($500’000.000).
Dado el volumen de las sumas recaudadas, éstas eran depositadas en lugares estratégicos de Casa Blanca y hasta en la “bañera” de la edificación.
Debe tenerse en cuenta que el monto máximo para gastos de un candidato al Senado se fijó por la autoridad electoral en la suma de novecientos millones de pesos ($900´000.000) (Resolución 2796 de 2017 del Consejo Nacional Electoral).
Nuevos delitos
Las situaciones fácticas referidas le han permitido al fiscal de conocimiento concluir que varios de los indiciados podrían haber incurrido en dos (2) de los nuevos delitos tipificados por la Ley 1864 de 2017:
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Violación de los topes o límites de gastos en las campañas electorales (artículo 396 B del Código Penal)
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Tráfico de votos (artículo 390 A del Código Penal)
Imputados Fase I
Durante la Fase I de la operación “Casa Blanca”, fueron capturadas en flagrancia cinco (5) personas a quienes se les imputó inicialmente el delito de corrupción al sufragante y posteriormente el delito de concierto para delinquir agravado, respecto de tres de ellos:
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Edwin Rafael Martínez Salas, ingeniero de sistemas.
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Jefferson Jesús Viloria Mieles, auxiliar de sistemas.
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Vanessa Victoria Merlano Rebolledo, asesora de la campaña.
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María Camila Valencia Lugo, encargada de redes sociales.
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Everlyn Carolina Díaz Díaz, jefe de marketing y pedagogía a electores.
Posteriormente, también fueron capturados los hermanos Carlos Alberto y Sara Luz Jiménez Otálvarez, a quienes se les imputaron los delitos de concierto para delinquir, fraude procesal y falsedad en documento privado. A Sara Luz Jiménez, adicionalmente, se le imputaron los delitos de obtención de documento público y corrupción al sufragante.
Imputados Fase II
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Con base en el recaudo probatorio de la Fase II, el próximo 30 de julio – fecha asignada por el centro de servicios de Barranquilla – adicionalmente la Fiscalía imputará los siguientes delitos:
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A la candidata a la Cámara de Representantes por Atlántico, Lilibeth Llinás, los delitos de concierto para delinquir y corrupción de sufragante en concurso homogéneo y sucesivo.
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A los diputados del Atlántico, Jorge Rangel y Margarita Balén, los delitos de concierto para delinquir y corrupción de sufragante en concurso homogéneo y sucesivo.
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A los exconcejales, Aissar Castro Reyes y Vicente Támara, los delitos de concierto para delinquir y corrupción de sufragante en concurso homogéneo y sucesivo.
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A los Concejales de Barranquilla, Aissar Castro Bravo y Juan Carlos Zamora Calleja, los delitos de concierto para delinquir y corrupción de sufragante en concurso homogéneo y sucesivo.
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A los exconcejales, Aissar Castro Reyes y Vicente Támara, los delitos de concierto para delinquir y corrupción de sufragante en concurso homogéneo y sucesivo.
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Adicionalmente el fiscal de conocimiento ha decidido imputar, en fecha que será determinada por el centro de servicios de Barranquilla, por los delitos de corrupción al sufragante y tráfico de votos, a los primeros veinte (20) líderes – los más caracterizados e importantes – que aparentemente se dedicaban de manera profesional a formar y vender los “paquetes de votantes”.
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En fecha que también será señalada por el centro de servicios de Barranquilla, también serán imputados por los delitos de concierto para delinquir y corrupción al sufragante, seis (6) personas dedicadas a la logística de compra de votos dentro de la “Casa Blanca”.
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Igualmente, el fiscal de conocimiento radicó solicitud de audiencia de imputación contra Edwin Martínez por los delitos de fraude procesal y falsedad en documento privado. La Fiscalía también solicitará audiencia para demandar el cambio de medida de aseguramiento de domiciliaria a intramural.