El Defensor del Pueblo valora la intención que tiene el Ejecutivo de alcanzar la paz en el territorio colombiano, no obstante y teniendo en cuenta una reciente comunicación de la Mesa de Diálogos del Gobierno y el Estado Mayor Central de las Farc, califica como irresponsable e ir en contravía de la normativa colombiana darle un rol a ese grupo armado ilegal en un tema electoral que no es de su resorte..
Si bien el Gobierno Nacional señaló que un comunicado firmado por la Mesa de Diálogos entre el Ejecutivo y el Estado Mayor Central de las Farc (EMC) no tiene autorización alguna para que ese grupo disidente participe en las elecciones del domingo próximo, el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, recuerda que la entidad garante de los derechos humanos en el país apoya y respalda los esfuerzos del Gobierno Nacional que tienen como propósito principal alcanzar la anhelada paz total, sin embargo, aclara que deben ser realizados con apego a la Constitución y a las leyes.
“La búsqueda de la paz es un objetivo legítimo e indiscutible, algo que anhelamos todos los colombianos, pero no se puede aceptar desde la institucionalidad del Estado, de la que hacemos parte, que ello implique reconocer territorios vedados para las autoridades”, señala el Defensor del Pueblo.
Camargo Assis hace hincapié en que en Colombia no puede haber sitios prohibidos para el ejercicio de la autoridad, incluidas las fuerzas policiales y militares, a cargo de la seguridad y el desarrollo lícito de la democracia.
Avalarle al Estado Mayor Central (EMC) un rol que no es de su resorte, advierte el Defensor del Pueblo, sería no solo irresponsable, sino ir en contravía de lo que dicta la normativa colombiana.
Adicionalmente, lo que sería una desconexión entre el Gobierno y su delegación en la Mesa de Diálogos de Paz se suma a lo que está sucediendo en El Plateado, corregimiento del municipio de Argelia, en el departamento del Cauca, donde no han podido entrar las Fuerzas Militares porque hay un supuesto control y presencia de las disidencias de las Farc.
“El respeto por los derechos humanos de los colombianos empieza por el respeto hacia las autoridades legítimamente establecidas. Cualquier decisión contraria deberá ser revisada e investigada por los entes correspondientes”, asegura Carlos Camargo Assis.
