La Defensoría del Pueblo lamentó este jueves el anuncio de las disidencias de las FARC, agrupadas en el autodenominado Estado Mayor Central (EMC), de restringir su acceso y el de otros organismos humanitarios a las zonas bajo su influencia, una medida que viola el Derecho Internacional Humanitario (DIH) y agrava la vulnerabilidad de la población civil.
En un comunicado oficial, la entidad subrayó que impedir o condicionar la presencia humanitaria «imposibilita el monitoreo sobre riesgos para la población civil, deja a las comunidades sin el acompañamiento al que tienen derecho, limita el acceso a la atención humanitaria y coarta las labores para aliviar su sufrimiento».
«Restringir a la Defensoría del Pueblo no solo afecta el ejercicio de nuestra función constitucional, sino que en la práctica termina castigando a las comunidades», advierte el texto, que también expresa preocupación por intentos de deslegitimar o poner en riesgo a sus funcionarios, quienes operan en contextos adversos con un enfoque «técnico, humano y riguroso».
La Defensoría defendió sus gestiones como “imparciales, independientes y autónomas, orientadas a la construcción de paz con respeto de los derechos humanos, el derecho internacional humanitario y la protección de la naturaleza”. Reafirmó su «compromiso indeclinable con la protección de la dignidad humana en medio del conflicto armado» y su disposición a continuar su labor.
Esta tensión se enmarca en el creciente control del EMC en regiones como el Catatumbo, Cauca y Pacífico, donde han arreciado enfrentamientos. La decisión llega en un momento crítico para el proceso de paz total, impulsado por el gobierno de Gustavo Petro, y podría complicar esfuerzos de verificación por parte de la ONU y la Cruz Roja.
La Defensoría llamó a respetar el DIH y reiteró su rol constitucional de garante de derechos en zonas de conflicto.