El Ministerio de Justicia y del Derecho presentó un balance de los principales avances alcanzados entre 2022 y 2026, en el marco del empalme entre el gobierno saliente y el entrante, con resultados centrados en el acceso a la justicia, la lucha contra el crimen transnacional, la protección de víctimas y la modernización del sistema penitenciario.
Según el comunicado, la estrategia Justicia para la Gente permitió más de 4,5 millones de gestiones en Casas de Justicia y Centros de Convivencia Ciudadana, un incremento del 60% frente al cuatrienio anterior. Además, 5.060 personas recibieron atención en jornadas móviles y ferias de servicios, y 17.856 participaron en jornadas de conciliación.
El Ministerio también destacó la puesta en marcha de las Comisarías Protectoras en nueve departamentos, como un mecanismo de articulación entre comisarios de familia y autoridades indígenas para promover la conciliación y la paz territorial.
En materia de cooperación judicial internacional, el Gobierno resaltó la realización de 913 extradiciones efectivas a 31 países, de las cuales más de 560 fueron a Estados Unidos. De acuerdo con el balance oficial, estas acciones golpearon estructuras dedicadas al narcotráfico, el lavado de activos, el abuso sexual de menores, el secuestro y el homicidio.
A ello se suma la aprobación de la Ley PEIMAR, impulsada junto al Ministerio de Defensa, para fortalecer la persecución de economías criminales en altamar. También se presentó la primera Política Nacional de Drogas con enfoque en prevención, transformación cultural y fortalecimiento de comunidades afectadas por este fenómeno.
El informe señala además que la estrategia “Sembrando Vidas Desterramos el Narcotráfico” ejecutó una inversión superior a $52.000 millones y benefició a más de 200.000 personas, mientras que el Gobierno y la UNODC dejaron una hoja de ruta para mejorar la medición de la Producción Potencial de Cocaína.
En el frente de humanización de penas, más de 270 mujeres condenadas por delitos menores relacionados con estupefacientes y hurto accedieron a la Ley de Utilidad Pública, medida que benefició a unas 800 personas de su entorno familiar.
El comunicado también destaca la aprobación de la Jurisdicción Agraria, con la Ley Estatutaria 2570 de 2026, que permitirá a más de 2,3 millones de habitantes rurales resolver conflictos de tierra con jueces especializados. Asimismo, se resalta el Decreto de Mujeres Buscadoras, con el que el Gobierno afirma haber atendido una deuda histórica con más de 300.000 mujeres.
En el componente de reparación, el Ejecutivo aseguró que por primera vez se hizo realidad el componente restaurativo del Sistema Integral para la Paz, con la entrega de siete proyectos restaurativos construidos con víctimas y la creación de una bolsa de recursos por $2.500 millones para futuras iniciativas.
El balance incluye además la firma del CONPES 4156 de 2025, con una asignación de $4,4 billones para fortalecer el sistema penitenciario, y la adopción de medidas de enfoque diferencial como el Decreto No Binario, el programa “No es Hora de Callar”, la Guía para la valoración del riesgo feminicida y el protocolo Sin Barreras para personas con discapacidad.
Finalmente, el Ministerio sostuvo que deja estructuradas las bases de la reforma a la justicia y la actualización del Plan Decenal del Sistema de Justicia con visión al 2038, orientadas a ampliar el acceso ciudadano, fortalecer la presencia del Estado en los territorios y reducir la congestión y la impunidad.