La Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, sostuvo un diálogo con hospitales públicos y privados del país para abordar las preocupaciones financieras, los riesgos de cierre de servicios y las dificultades que enfrentan estas instituciones para cumplir oportunamente con el pago de salarios y seguridad social de los y las trabajadoras de la salud.
La reunión contó con la participación de los tres principales gremios que agrupan a los
hospitales del país, así como con más de 15 gerentes de hospitales de diferentes regiones.
Los y las asistentes presentaron cifras y análisis detallados sobre los factores que están
afectando gravemente la operación de los hospitales y clínicas. Entre los puntos más
preocupantes se encuentran:
1. Retrasos y déficit en los recursos girados por las EPS, lo cual aumenta la deuda,
afecta el pago a proveedores, puede causar y ha causado el cierre de servicios o
camas e impide el pago de salarios, honorarios y seguridad social a las y los
trabajadores de la salud.
2. El hecho de que los recursos de la UPC no puedan ser usados para el pago de deudas
de vigencias anteriores, el giro directo por debajo de un porcentaje por debajo de
lo establecido, así como nuevas exigencias informáticas que dificultan la
facturación, afectan el flujo de caja operativo.
3. La intervención o liquidación de entidades fue señalada como el factor más
crítico: evidencia serios problemas de eficiencia en la gestión administrativa,
afecta la oportunidad de pagos y el reconocimiento de la cartera.
Los participantes alertaron que los requisitos administrativos y los problemas financieros
pueden dilatar la atención y han puesto en riesgo la vida de niñas, niños y pacientes en
distintas condiciones, especialmente en zonas apartadas con barreras geográficas y de
disponibilidad de transporte.
La Defensoría del Pueblo mantendrá abiertos los canales de diálogo con todos los actores
del sistema, con el fin de encontrar soluciones que garanticen el derecho a la salud.