Frente a recientes publicaciones en medios de comunicación, la Junta Directiva de Ecopetrol S.A. emitió un comunicado para aclarar su postura y las acciones tomadas respecto a investigaciones y asesorías legales relacionadas con autoridades estadounidenses, reafirmando su compromiso con la transparencia y la solidez financiera de la empresa.
Desde 2008, año en que Ecopetrol empezó a cotizar en la Bolsa de Nueva York, la compañía ha implementado un robusto sistema de control interno y debida diligencia, apoyado por firmas legales estadounidenses especializadas en la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) y en temas de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), así como en gestión de riesgos y ética empresarial.
En agosto de 2024, y por solicitud de la Junta Directiva, Ecopetrol contrató a la firma Covington & Burling LLP como asesor legal especializado para analizar políticas y procesos en relación con autoridades de EE. UU. Este proceso, según la Junta, se realizó sin la participación del Presidente de la compañía y permite recurrir a la asesoría legal cuando sea necesario para asegurar el cumplimiento normativo.
La Junta Directiva aclaró que ni ella ni el Comité de Auditoría fueron consultados sobre la firma de un otrosí al contrato original, ni sobre cambios en su alcance y valor. Por tal motivo, en febrero de 2025, ordenó la suspensión de las actividades relacionadas y solicitó una auditoría e investigación para garantizar el respeto a la ley y el debido proceso. Dependiendo de los resultados, se tomarán las acciones legales y administrativas pertinentes.
Ecopetrol manifestó su disposición a colaborar con las autoridades y entes de control que han iniciado procedimientos sobre este caso. Las acciones legales buscan proteger la integridad, imagen y reputación de la empresa tanto a nivel nacional como internacional.
Finalmente, la Junta Directiva aseguró que la coyuntura no afecta los planes, proyectos ni las expectativas de producción y crecimiento para el año en curso. Ecopetrol mantiene su solidez operativa y financiera, y ratifica que la transparencia y la defensa del patrimonio público siguen siendo prioridades alineadas con los principios de buen gobierno corporativo.