En una decisión de fondo, la justicia resolvió que el candidato presidencial Abelardo De La Espriella y su equipo pueden utilizar la camiseta de la Selección Colombia durante actos de campaña, al concluir que la prenda no constituye un símbolo patrio sino una prenda de uso común.
La jueza encargada del proceso revocó la prohibición que había sido impuesta de forma cautelar y consideró que no hay vulneración de derechos fundamentales por el uso de la camiseta en espacios políticos o públicos. Según la providencia, la tutela exige la existencia de una amenaza real y verificable de derechos; en este caso, la magistrada determinó que la queja inicial obedecía a una inconformidad personal y no a una afectación efectiva de derechos.
“El despacho concluyó que la camiseta es de uso libre y generalizado, sin restricción legítima sobre su utilización”, señala el fallo, que además subraya que la convivencia entre contienda deportiva y campaña electoral no afecta derechos constitucionales.
La Federación Colombiana de Fútbol, vinculada al proceso, reiteró en el expediente que no ejerce control sobre el uso individual de la camiseta y que ésta no tiene carácter de símbolo patrio, al tiempo que ratificó su neutralidad frente a cualquier uso político.
La resolución también aclara que la medida cautelar impuesta anteriormente —levantada el 11 de junio— no implicó un prejuzgamiento sobre el fondo del asunto y que su levantamiento eliminó riesgos de vulneración de derechos. En consecuencia, el despacho denegó el amparo solicitado y desvinculó a terceros y entidades incluidos en la acción.
Por otra parte, la jueza ordenó remitir copias del expediente a la Fiscalía General de la Nación para que evalúe las actuaciones del ciudadano que promovió la tutela, al concluir que su iniciativa tuvo un componente de interés personal por un incidente puntual.
El movimiento ciudadano Defensores de la Patria, que representa al equipo legal de De La Espriella, celebró la decisión y aseguró que la camiseta “le pertenece al pueblo” y será usada “con orgullo” en la campaña de cara a la jornada electoral del 21 de junio.
La sentencia establece como principio que la protección constitucional debe activarse frente a vulneraciones concretas, y no por interpretaciones mediáticas o inconformidades personales presentadas como litigio constitucional.