Ambos imputados ofrecieron colaborar con la justicia.
La Fiscalía le imputó a Nicolás Petro Burgos los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos; y para Vásquez Castro le formuló imputación por lavado de activos y violación de datos personales.
Los peritos fiscales, contables y financieros del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) al realizar estudio de declaraciones de renta, certificados de pagos neto de la Asamblea del Atlántico, extractos bancarios y revisión de otros documentos públicos, advirtieron un desbalance de ingresos y gastos realizados por Petro Burgos. Lo que significaría que tuvo un aumento de su capital de manera injustificada como servidor público.
Es así, que para el 2022 los ingresos por la actividad profesional del hoy investigado, como diputado de la Asamblea del Atlántico, y reportados en su cuenta de ahorro, eran de 280 millones de pesos y no se tiene registro de otra actividad que represente un recurso adicional, pero se tiene que los gastos reportados alcanzan los 1.205 millones de pesos, por lo tanto, existe un incremento patrimonial injustificado por 1.053 millones de pesos.
El dinero que se considera enriquecimiento ilícito, habría sido invertido por la pareja en el pago mensual del arriendo de un apartamento y una casa; la compra de un apartamento y de una mansión en un municipio del Atlántico; la compra de un vehículo último modelo, y de artículos de lujo de marcas internacionales. El material probatorio da cuenta que algunos de estos bienes fueron puestos a nombre de terceros para ocultar al verdadero titular.
La Fiscalía pudo evidenciar que Daysuris Vásquez Castro al parecer, recibió y encriptó en su dispositivo celular información personal de Laura Ojeda, actual pareja de Nicolás Fernando Petro Burgos, lo que representa una violación a la intimidad de la mujer.
