Durante el conversatorio “Hacienda Pública, diálogo desde las regiones”, realizado en el Hotel Dann Carlton, el gobernador del Atlántico y presidente de la RAP Caribe, Eduardo Verano de la Rosa, advirtió que no puede haber una verdadera descentralización si las responsabilidades llegan a los territorios, pero los recursos y las decisiones permanecen concentrados.
“Una de las grandes tareas pendientes de Colombia es hacer realidad una descentralización que no se quede en el papel, sino que se traduzca en capacidad de decisión, recursos suficientes y mejores resultados para la gente. Durante décadas hemos hablado de descentralización; sin embargo, el proceso de distribución de recursos y de poder para que las regiones tomen decisiones ha sido insuficiente”.
Así lo advirtió el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, durante su intervención en un conversatorio con el magistrado del Consejo Superior de la Judicatura, Jorge Luis Trujillo Alfaro.
“Una cosa es decirles a los territorios qué tienen que hacer y otra muy distinta es darles los instrumentos para hacerlo bien. Siempre he insistido en que los recursos deben estar donde están las necesidades de la gente”, agregó.
Según explicó, los departamentos y municipios conocen de primera mano las necesidades de las comunidades. Además, son los mandatarios territoriales quienes reciben las solicitudes de los ciudadanos, enfrentan las dificultades en la prestación de los servicios y deben responder cuando las soluciones no llegan.
Muchas veces, deben hacerlo con recursos limitados, competencias que no siempre están claramente delimitadas y una capacidad de decisión condicionada por las determinaciones del nivel central.
Verano insistió en que el centralismo no se resuelve simplemente trasladando oficinas o funciones. “El verdadero cambio está en la distribución de los recursos públicos y en la capacidad de las regiones para decidir sobre su propio desarrollo”, enfatizó.
Explicó que la reforma constitucional al Sistema General de Participaciones representa un avance fundamental en esa dirección, pero que ahora es necesario convertirla en una realidad.
“El incremento gradual de las transferencias territoriales, previsto hasta alcanzar el 39,5 % de los ingresos corrientes de la Nación, abre una oportunidad para fortalecer la capacidad de respuesta de los departamentos y municipios. Sin embargo, debemos entender que la reforma no termina con la aprobación de una norma. Su verdadero alcance dependerá de cómo se distribuyan las competencias, de la suficiencia de los recursos, de las capacidades institucionales y de la posibilidad efectiva de que los gobiernos territoriales respondan a las necesidades de sus ciudadanos”, señaló el presidente de la RAP Caribe.
De acuerdo con sus planteamientos, la discusión sobre la Ley de Competencias es fundamental, porque se necesitan reglas claras que establezcan qué corresponde hacer a la Nación, qué deben asumir los departamentos y cuáles son las responsabilidades de los municipios.
Agregó que cada competencia debe estar acompañada de una financiación coherente con las obligaciones que implica.
“No podemos trasladar responsabilidades sin resolver cómo se van a financiar. Pensemos, por ejemplo, en el Programa de Alimentación Escolar. Si una responsabilidad fundamental para nuestros niños se asigna a los territorios, debemos garantizar que existan los recursos suficientes para cumplirla de manera sostenible.
Lo mismo ocurre con la salud, la educación, el agua potable, el saneamiento básico y tantos otros servicios que determinan la calidad de vida de nuestra población”.
DEFENSA DE LA AUTONOMÍA
En su condición de líder del proceso que busca convertir a Colombia en un verdadero país de regiones, Eduardo Verano de la Rosa señaló que defender la autonomía territorial no significa desconocer la responsabilidad fiscal ni debilitar los mecanismos de control.
“Las regiones debemos demostrar que tenemos la capacidad de administrar los recursos con transparencia, ejecutar proyectos con eficiencia y responder por los resultados. La autonomía debe ir acompañada de mejores sistemas de planeación, de funcionarios preparados, de controles efectivos y de una rendición de cuentas que permita a los ciudadanos saber cómo se utilizan los recursos públicos.
No estamos reclamando autonomía para hacer lo que queramos. Estamos defendiendo la capacidad de tomar decisiones responsables, dentro de la Constitución y la ley, para resolver mejor los problemas de nuestras comunidades”, insistió el mandatario departamental.
Agregó que la ciudadanía no evalúa al Estado según el nivel de gobierno al que pertenece una competencia, sino por la calidad del servicio que recibe, la oportunidad de la respuesta y las soluciones que llegan a su vida cotidiana. “Por eso, la hacienda pública debe medirse también por su capacidad para producir resultados”.
EL VOTO CARIBE 2.0
Para el gobernador Verano, el Caribe tiene una enorme capacidad productiva, una posición geográfica estratégica, puertos, potencial energético, posibilidades de desarrollo industrial y una riqueza cultural y natural extraordinaria, condiciones que pueden convertirlo en uno de los grandes motores del crecimiento de Colombia.
Por esa razón, ha defendido la integración regional a través de la RAP Caribe, trabajando para que los siete departamentos puedan identificar prioridades comunes, coordinar iniciativas y avanzar en una agenda que trascienda los períodos de gobierno.
“La autonomía del Caribe no es una aspiración reciente ni pertenece a un gobernador, a un partido político o a una administración determinada. Es una causa colectiva que viene de muchos años atrás.
En 2010, un total de 2,5 millones de ciudadanos expresaron simbólicamente su respaldo a la integración regional mediante el Voto Caribe, una manifestación que representó la voluntad de participar en las decisiones sobre el futuro de nuestro territorio.
Posteriormente, avanzamos en la creación de la Región Administrativa y de Planificación del Caribe, la RAP Caribe, que nos ha permitido sentarnos en una misma mesa, identificar desafíos comunes y trabajar más allá de nuestras fronteras departamentales.
Ahora tenemos ante nosotros una nueva etapa: avanzar hacia la Región Entidad Territorial Caribe, con las competencias, los instrumentos de financiación, las responsabilidades y los mecanismos de control que establezca el marco constitucional y legal.
Esto no significa eliminar los departamentos ni desconocer la autonomía de los municipios. Significa contar con mejores instrumentos para abordar los asuntos que compartimos como región”, explicó.
EL COMPROMISO HISTÓRICO DE LA REGIÓN
“El Caribe colombiano ha esperado demasiado tiempo para que su voluntad de integración se traduzca en una transformación institucional.
Hemos tenido debates, encuentros, acuerdos y generaciones de líderes que han defendido esta causa. Hemos avanzado, pero todavía tenemos una tarea histórica por cumplir. Hoy, los siete departamentos tenemos la responsabilidad de convertir esa aspiración compartida en un compromiso real.
Debemos trabajar unidos con el Congreso de la República, con el Gobierno nacional, con nuestras instituciones, con los sectores productivos, con la academia y, especialmente, con la ciudadanía.
Necesitamos completar los pasos jurídicos e institucionales que correspondan, construir una región informada y garantizar que los ciudadanos comprendan el significado y las implicaciones de esta decisión.
Nuestro horizonte es octubre de 2027, cuando aspiramos a que pueda realizarse el Voto Caribe 2.0, sujeto al cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales.
No podemos llegar a ese momento como si se tratara de una fecha más en el calendario electoral. Debemos llegar con la convicción de que estamos ante una oportunidad histórica para el Caribe y para Colombia.
¡Que el 31 de octubre de 2027 nos encuentre trabajando juntos, con responsabilidad y determinación, para dar el paso histórico hacia la Región Entidad Territorial Caribe!”, concluyó.
