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domingo, noviembre 22, 2026
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MinTIC pone la lupa sobre Starlink y operadores por señales en las cárceles

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El Ministerio abrió investigaciones administrativas y formuló cargos por el presunto incumplimiento de las obligaciones legales de atenuar y restringir las señales de telecomunicaciones en centros penitenciarios.
Verificaciones técnicas identificaron conexiones provistas por Starlink en cuatro establecimientos carcelarios.
El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) abrió una investigación administrativa y formuló cargos contra Starlink Colombia S.A.S., por el presunto incumplimiento de su obligación legal de atenuar las señales de telecomunicaciones que cubren establecimientos penitenciarios y carcelarios.
La decisión se produce después de que, durante un operativo en la cárcel La Picota de Bogotá, fueran encontradas seis antenas Starlink, junto con cientos de dispositivos de comunicación no autorizados.
Posteriormente, verificaciones técnicas adelantadas por el Centro de Monitoreo e Inspección de los Servicios de Comunicaciones (CMIC) del MinTIC identificaron conexiones a internet mediante redes WiFi provistas por Starlink en cuatro establecimientos penitenciarios: La Picota, en Bogotá; Bellavista, en Bello, Antioquia; Acacías, en Meta; y Las Heliconias, en Florencia, Caquetá.
Estos hallazgos motivaron la apertura de la actuación administrativa para determinar si Starlink adoptó las medidas legalmente exigibles para impedir que sus servicios facilitaran comunicaciones no autorizadas desde centros de reclusión.
La ley colombiana es clara: los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones tienen el deber de atenuar las señales que cubren los establecimientos penitenciarios y carcelarios. Esta obligación está contemplada en el artículo 16A de la Ley 65 de 1993, adicionado por la Ley 1709 de 2014.

Investigaciones contra operadores móviles

El MinTIC también abrió investigaciones administrativas y formuló cargos contra Partners Telecom Colombia S.A.S., Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P., Comunicación Celular S.A. (Comcel) y la Unión Temporal Colombia Móvil – Colombia Telecomunicaciones (Tigo), por el presunto incumplimiento de sus obligaciones de eliminación o restricción de señales móviles en el establecimiento penitenciario La Picota.
Las actuaciones buscan establecer si estas empresas adoptaron las medidas necesarias para cumplir las disposiciones que ordenan restringir las señales de transmisión, recepción y control de los servicios de telecomunicaciones móviles dentro del establecimiento.
Durante los operativos realizados en La Picota fueron encontrados 582 teléfonos celulares, 3.754 tarjetas SIM, seis antenas Starlink y 38 módems, entre otros elementos electrónicos, evidenciando la magnitud del desafío que enfrenta el Estado para impedir las comunicaciones no autorizadas desde las cárceles.

Los operadores deben responder por sus obligaciones legales

El Gobierno Nacional advierte que los establecimientos penitenciarios no pueden seguir siendo utilizados como centros de comunicación para coordinar actividades criminales, extorsiones y otras conductas delictivas.
Los operadores de telecomunicaciones deben cumplir las obligaciones que les impone la ley y adoptar las medidas técnicas que les sean exigibles para contribuir al control de las comunicaciones no autorizadas en los centros de reclusión.
De comprobarse los incumplimientos, los operadores investigados podrían enfrentar procesos sancionatorios que contemplan multas de hasta 15.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, en su equivalencia legal aplicable, suspensión temporal de operaciones e incluso cancelación de licencias, autorizaciones o permisos, según corresponda.
Las investigaciones se adelantarán garantizando el debido proceso y el derecho de defensa de las empresas involucradas.
El Gobierno Nacional mantendrá una vigilancia estricta sobre los operadores de telecomunicaciones. Las obligaciones legales no son opcionales y ninguna empresa está exenta de responder ante las autoridades por su eventual incumplimiento.
La lucha contra la criminalidad también exige cerrar los canales de comunicación no autorizados que permiten a los delincuentes continuar operando desde los establecimientos penitenciarios.
En las cárceles debe imponerse la autoridad del Estado, no las comunicaciones de las organizaciones criminales.​​
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