De esta manera, el Defensor del Pueblo le dice al presidente Gustavo Petro que su propuesta no es viable. El bolsillo de los colombianos, deja claro, no debe ser la chequera de las estructuras al margen de la ley.
El Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, le hace un llamado contundente al presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien, días atrás, en mensaje enviado desde Arauquita (Arauca) a las estructuras al margen de la ley, dijo que en un pacto a realizar con el Gobierno, el pueblo diga cuáles son las directrices, que “el Estado se compromete a poner la plata y el grupo armado se compromete a que el fusil se oxida”, con el fin de lograr la paz en el país.
“No puede ser el Estado el que financie a grupos armados ilegales, y mucho menos si no han terminado y llevado a buen puerto un proceso de paz. Seguiremos como institución de derechos humanos insistiendo en nuestro llamado: la vida humana no tiene valor pecuniario, la libertad de las personas no puede ser mercantilizada, el derecho a la vida de los seres humanos es innegociable”, asegura el Defensor del Pueblo.
En consecuencia, indica Camargo Assis, entrar a aceptar la propuesta del ELN de buscar financiación para cesar el secuestro de personas, tendría una nefasta repercusión que contraría las bases de la Constitución del 91, el respeto a los derechos humanos quedaría invalidado.
“El bolsillo de los colombianos no debe ser la chequera de las estructuras armadas al margen de la ley. Además, reducir la libertad a una transacción y aceptarlo sería anular el respeto por la dignidad humana”, afirma Carlos Camargo Assis.
Es lamentable, agrega el Defensor, lo que está sobre la mesa de diálogos, máxime que desde el inicio de las negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional fue manifestado por la delegación que representa al grupo subversivo el interés de comercializar la libertad de las personas. Ello derivó automáticamente en el aumento de los secuestros en el territorio nacional: hoy las cifras superan un incremento exponencial del 90% en relación con años anteriores. Es decir, más del doble de lo registrado en el comparativo.
“Ello sucede porque al convertirse en una moneda de negociación, entre más grave sea la amenaza, más alto es el precio por devolverle a la libertad a quien está en cautiverio. Lo mínimo que le pido como Defensor del Pueblo, en nombre de los colombianos, presidente Petro, es que como Gobierno Nacional tenga una postura clara e inamovible, ceñida al respeto por los derechos humanos, como condición básica para el acceso a una negociación que favorezca a los colombianos”, señala Camargo Assis.
Añade el Defensor que no está mal entrar a evaluar un subsidio para quienes escojan el camino de la reinserción social: “Hay que buscar soluciones, por supuesto. Hay otros caminos para explorar en la mesa. Cortar de raíz el crimen del secuestro es posible, pero no como lo quiere imponer el ELN. De ser llevado a la realidad tal despropósito, téngalo muy presente, señor presidente, dejaría un ‘legado’ para que las demás estructuras armadas al margen de la ley le encuentren provecho: cometerían crímenes contra la ciudadanía para sacarle ladinamente dinero al Estado”.
Finalizó diciendo que, de ser aceptado semejante chantaje como formas válidas de negocio y financiación en el desarrollo de los diálogos, sería permitir que en el país todo entre a ser negociado. “También, que, como mensaje macabro, delinquir sí paga; que, como segundo mensaje siniestro, incluso la vida y la dignidad tienen un precio de mercado”, puntualizó el Defensor del Pueblo de los colombianos.