El Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Santa Marta admitió la demanda presentada para proteger el territorio ancestral del Consejo Comunitario Magen de Mi, una comunidad afrodescendiente conformada por 47 familias (151 personas) ubicada entre los municipios de Repelón y Luruaco, en el departamento del Atlántico.
La decisión cobija aproximadamente 33 hectáreas y se basó en los trabajos de caracterización, cartografía social y georreferenciación adelantados por la Unidad de Restitución de Tierras (URT) durante la etapa administrativa. En el auto de admisión, el despacho judicial concluyó que la solicitud cumple los requisitos del Decreto Ley 4635 de 2011, que ampara los derechos territoriales de las comunidades negras víctimas del conflicto armado.
La jueza Estrella María Rodríguez señaló que “se encuentra acreditada la representación legal del consejo comunitario demandante, quien ostenta legitimación en la causa”. Además, el expediente contiene la constancia de inclusión del territorio reclamado en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente (RTDAF), lo que habilita el ejercicio de la acción especial de restitución territorial colectiva.
La providencia ordena medidas de protección jurídica sobre las 33 hectáreas, entre las que figura la inscripción de la admisión de la solicitud en los folios de matrícula inmobiliaria correspondientes y la suspensión provisional de trámites judiciales, administrativos y notariales que puedan afectar los predios mientras avanza el proceso.
El despacho judicial advirtió posibles superposiciones del territorio con proyectos de hidrocarburos. Por ello vinculó a entidades como el Ministerio de Ambiente, la Agencia Nacional de Hidrocarburos, Promigas, Cormagdalena y la Corporación Autónoma Regional del Atlántico, con el fin de garantizar una evaluación técnica integral y proteger los derechos de la comunidad.
La jueza explicó que estas actuaciones buscan “esclarecer las condiciones jurídicas y materiales del territorio reclamado, en garantía del debido proceso, del derecho de defensa de eventuales terceros y de la adopción de decisiones con fundamento técnico suficiente”.
Con la admisión de la demanda, la URT y su Dirección de Asuntos Étnicos refuerzan las acciones orientadas a garantizar la permanencia, la vida colectiva y la protección territorial de las comunidades étnicas, en reconocimiento de que el territorio constituye memoria, identidad cultural y posibilidad de futuro para el Consejo Comunitario Magen de Mi.