“Decisión tomada por la Fiscalía es excesiva y abusiva desde el punto de vista jurídico”, Miguel Ángel del Río

310

“Para nosotros son inadmisibles este tipo de situaciones en el entendido que no tienen una relación con el proceso madre y que, además, en la Corte Suprema de Justicia no se ha podido establecer ese criterio, máxime que estamos desde el pasado jueves frente a la definición de la Sala Penal de Corte Suprema, en cabeza de la magistrada Cristina Lombana, que aceptó una objeción por error grave interpuesta por esta defensa, que atacaba precisamente el informe pericial con el que se construyó el auto de apertura de la investigación y, por consiguiente, la indagatoria”.

“Bajo ese parámetro, esta decisión tomada por la Fiscalía General de la Nación es excesiva y abusiva desde el punto de vista jurídico. Por una razón, además, técnica: la Ley 1708, que es la que soporta los procesos de extinción de dominio, ha establecido que las medidas cautelares se darán cuando exista una eventualidad de urgencia o de excepcionalidad. Significa que una decisión de interponer una medida cautelar se hace cuando existe la posibilidad de que el propietario pueda ocultar esos bienes, o que pueda ejercer maniobras dirigidas precisamente a engañar a la administración de justicia. En ese proceso no existe tal cosa, de hecho, nosotros como defensa hemos solicitado, incluso, ampliaciones de indagatoria para precisar eventualidades en el interior del proceso”.

“Esta decisión de la Fiscalía no acude sino a una necesidad de un daño político, y ni siquiera es ese lugar común de las defensas cuando existen investigaciones donde se advierten precisiones políticas. Este es un fenómeno netamente político porque, repito, desde que el senador Armando Benedetti decidió llegar al Pacto Histórico y acudir al petrismo como fuente o como solidaridad ideológica, han empezado una suerte de persecuciones y esta es una de ellas. No han podido establecer en el proceso ante la Corte Suprema ninguna particularidad en su contra, pero sí, entonces, acuden a través de la Fiscalía General de la Nación a una figura jurídica que aquí es abusiva y temeraria”.

“Acudiremos a la figura de control de legalidad porque las medidas cautelares no tienen o no son susceptibles de recurso ni de apelación o de reposición. El control de legalidad es una figura donde acudimos a un juez de conocimiento, para que revoque la decisión de interponer una medida cautelar y que se siga el proceso natural… Que la Fiscalía interponga una demanda de extinción de dominio, pero no bajo el chantaje, la amenaza o el despropósito”.

“Esto responde a una presión ejercida por parte de la Corte Suprema de Justicia, con una eventualidad: el fiscal del caso, el fiscal 13 del proceso, ni siquiera traía consigo una resolución motivada que pudiera soportar la medida cautelar de extinción de dominio. Es decir, esta es una decisión apresurada y que responde a una presión de otra índole”.

Spread the love