Es crucial que el Gobierno Nacional implemente políticas públicas inclusivas y participativas para esta población, garantizando la protección y prevención de la violación de sus derechos.
En conmemoración del Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, la Defensoría del Pueblo organizó por primera vez una audiencia defensorial dirigida a la población con diversas orientaciones sexuales e identidades de género (OSIGD), con el objetivo de visibilizar las barreras que enfrentan para acceder a sus derechos y avanzar hacia su plena garantía.
Durante la audiencia, celebrada en Barranquilla, el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, presentó el informe ‘Una Radiografía del Prejuicio: Informe Anual 2022 de Derechos Humanos de personas OSIGD – LGBTI y Balance de la Política Pública Nacional 2019-2022 en Colombia’, un documento que destaca, entre otros aspectos clave, la situación de violencia que enfrenta esta población.
“Los actos de discriminación y violencias por prejuicio contra las personas OSIGD los encontramos de manera lamentable en las familias, las escuelas, las comunidades, la sociedad y el Estado. Peor aún, se han acentuado a lo largo del tiempo, lo que ha generado una limitación de sus derechos”, expresó Carlos Camargo Assis.
Entre enero y marzo de este año, la Defensoría del Pueblo brindó apoyo en 40 casos de violencia basada en prejuicios, de los cuales 16 correspondieron a mujeres transgénero, tres a hombres transgénero, 12 a hombres gays (incluyendo tres con identidad no binaria), siete a mujeres lesbianas y dos a personas intersexuales.
“Condenamos todos los actos de discriminación y violencia por prejuicio en Colombia, los cuales constituyen una violación a los derechos humanos y las libertades fundamentales”, enfatizó Carlos Camargo Assis.
Según el informe, durante 2022 la Defensoría del Pueblo atendió 394 casos de violencia basada en prejuicios, los cuales fueron acompañados a través de las acciones de las Duplas de Género adscritas a la Delegada para los Derechos de las Mujeres y Asuntos de Género. De esos casos, fue necesario realizar 101 seguimientos institucionales para restablecer los derechos de la población OSIGD – LGBTI.
De los 394 casos, 238 fueron por violencia contra personas transgénero, 61 contra mujeres lesbianas, 123 contra hombres gais y 21 contra personas bisexuales. Las principales violencias registradas fueron psicológica, con 211 casos; física, con 93; violencia intrafamiliar, con 52; violencia sexual, con 27, y fueron acompañados 34 casos de personas migrantes.
En razón al ejercicio de liderazgo y defensa de los derechos humanos, la Defensoría del Pueblo activó rutas de protección en 31 casos de violencia. Así mismo, acompañó 14 hechos de violencia en ámbitos de salud, cinco casos en ámbitos de educación, 13 casos de discriminación y prejuicio en ambientes laborales, 17 casos de violencia policial, 47 casos de violencia y discriminación en contextos de prostitución y, en centros penitenciarios y carcelarios del país, asistió 44 casos.
“A través del análisis de la información recolectada pudimos concluir la escasa respuesta institucional frente a estos actos de violencia por prejuicio, así como la falta de contratación de equipos institucionales y profesionales especializados enfocados en la atención de los derechos de esta población, la falta de sistemas de información sensibles al género y la escasa implementación de la política pública por parte de las entidades nacionales y territoriales. Esto ha generado un escenario de mayor vulnerabilidad de derechos de las personas OSIGD y LGBTI”, aseguró el Defensor del Pueblo.
En el informe son expuestas varias recomendaciones a diversas entidades, con el fin de implementar criterios y enfoques diferenciales en los registros de información estatal para la sistematización y visibilización de casos de violencia por prejuicio, su participación en los planes de acción para la garantía de sus derechos y la implementación de políticas públicas a su favor.
Desde la Defensoría del Pueblo se continuará haciendo acompañamiento e incidencia para que sea fortalecida la interlocución de esta población con las entidades nacionales y territoriales. “Es necesario que el Gobierno Nacional desarrolle acciones concretas para la implementación de políticas públicas OSIGD-LGBTI participativas y garantías para la prevención, atención de la violencia por prejuicio, así como investigación, protección y justicia para esta población. El reconocimiento y la protección de las diversidades son un presupuesto básico para la construcción de una sociedad más justa y en paz”, puntualizó Carlos Camargo Assis.
